La amnistía, contra las cuerdas aunque se apruebe en el Parlamento

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras - Eduardo Parra - Europa Press
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras | Foto: Eduardo Parra / Europa Press
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En un principio, las discrepancias, disconformidad en torno a la constitucionalidad de la proposición de Ley de Amnistía de miembros de la Asesoría jurídica, de los pleitos ante el Tribunal Constitucional, expresan la dificultad de legislar sobre asuntos controvertidos y que deja a la ciudadanía una impresión de desprotección y desafección “ante la justicia de los tribunales de injusticia de este país”. Si ocurre como sucede con otros asuntos también importantes como la sanidad, la educación, la fiscalidad, la seguridad social, que no hay acuerdos de Pacto de Estado siendo muy necesarios para no dar la sensación de inestabilidad; de ahí nueve leyes en educación en 50 años.

Más trascendencia debería tener asuntos tampoco o menos baladíes que los que nos juzgan y nos hacen juzgar. Porque si juristas y letrados con ideologías tan diferenciadas y marcadas políticamente, es un hecho evidente, es impensable que se vayan a poner de acuerdo, tanto es así que unos avalan y otros rechazan múltiples aspectos de constitucionalidad o inconstitucionalidad según convengan. Por lo que los criterios jurídicos tienen que someterse a unos intereses políticos alejados de la imparcialidad, poniendo en solfa el encaje de la proposición de Ley hasta el punto de no sólo recomendar- y consensuar una reforma de la Carta Magna, que eso es otro asunto de otro costado-. Así pues, la legislación española está en crisis para acometer medidas de gracia en favor de todos los implicados en el proceso independentista de Cataluña sea cual sea el delito cometido, y cambios de normas que ponen entre la pared y contra las cuerdas a la Amnistía.

Asimismo, lo que no es pertinente es que sólo sean tenidas en cuenta las correcciones ortográficas y semánticas propuestas por los juristas porque despreciar o anular argumentos rozaría o estaría muy cerca del autoritarismo o “despotismo iletrado”, ya que significaría que estaría por encima el interés político sobre el jurídico. Y todo esto para gobernar, y mi pregunta: ¿Se han plateado unos y otros que el conflicto lo deberían solucionar ellos: los catalanes porque se trata de su negocio, según ellos?

En otro orden de matices es un arma de doble filo porque manteniéndonos al margen, se podría pensar que los independentistas mejorarían la independencia española, y unos y otros, o todo resultado que mane de la calle como del Parlamento sumaría. Por tanto, si queremos cambiar la imagen de que nuestra política debe servir para los intereses generales, mejore y sea creíble para que revierta en el bienestar general, debemos concienciarnos de que hay que exigir a nuestros representantes que no nos engañen y que busquen acuerdos donde los hay entre los constitucionalistas. Pero si fuese una medida desmedida por parte de los ciudadanos no sería inadmisible por parte de los políticos que quieren lo mejor para sus representados. Asimismo, alguien se ha planteado si es conveniente que los catalanes deban decidir sobre su autonomía y luchar por lo suyo porque todos saldremos ganando… Y que luchen por ellos mismos, no contra nosotros para beneficiarse y perjudicarnos a los demás. "Por poner un ejemplo ilustrativo y darnos cuenta de que podemos navegar mejor”, en los cruceros alguien ha pensado las mejoras que supondrían para los puertos del sur español, lo mismo ocurriría con los comercios internacionales marítimos que beneficiarán a valencianos, murcianos y andaluces si los catalanes no quieren saber nada de los españoles…Por tanto, los reproches de unos y otros cuando no se consigue el poder no nos lleva a un pacto de Estado por el bien de todos los que formamos nuestro país. Juzguen ustedes.