Vídeo | Jueces, fiscales y letrados destacan que España cuenta con "un poder judicial independiente"

Se muestran contrarios a pronunciarse en relación a la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con los independentistas para investir a Sánchez

Jueces, fiscales y letrados de Granada se manifiestan por la independencia del poder judicial- -celiaperez-2
Concentración de jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia a las puertas de la Real Chancillería de Granada | Foto y vídeo: Celia Pérez
Europa Press
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Algo más de un centenar de jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, además de otros operadores jurídicos, como abogados y procuradores, se han concentrado este miércoles a las puertas de la Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "en defensa de la independencia judicial" y para trasladar a la sociedad "la seguridad de que cuenta con un poder judicial independiente" que actúa "siempre con sometimiento a la Ley y a la Constitución".

Esta concentración en Granada, que ha coincidido con la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez, se produce tras las que ya se han celebrado en días anteriores en otras ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba o Jaén, y ha contado también con la presencia del colectivo de procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Administración de Justicia.

El juez decano de Granada, Alberto del Águila, ha señalado que este acto busca poner de manifiesto la preocupación del sector por la independencia judicial incidiendo en que "el fundamento de una sociedad democrática radica fundamentalmente en la división de poderes". Es por esto mismo también que se ha mostrado contrario a que los jueces deban pronunciarse en relación a la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez.

"Nosotros ni debemos ni podemos inmiscuirnos en la función que corresponde al poder legislativo, que es quien tiene ahora que tramitar la proposición de Ley de Amnistía (...) no estamos aquí para valorar, ni enjuiciar, ni hacer ninguna declaración en torno a lo que pueda suponer para la sociedad la aprobación o no aprobación de una ley de amnistía sino únicamente manifestarnos y trasladar a la sociedad la preocupación del Poder Judicial por la división de poderes, que como digo, es el fundamento de un Estado social y democrático", ha argumentado el magistrado.

El juez decano de Granada, Alberto del Águila | Foto: Celia Pérez

Se ha referido en este contexto a la sociedad española para transmitirle que "cuenta con un poder judicial independiente" y una administración de Justicia integrada por personas que trabajan diariamente para que así sea mediante la aplicación de la ley y de la Constitución, así como de las leyes que se aprueban en el Parlamento.

Acuerdo de la Sala de Gobierno

Precisamente este pasado martes, la Sala de Gobierno del TSJA expresó su preocupación ante las recientes iniciativas políticas plasmadas en el contenido del documento suscrito para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, que considera "de enorme trascendencia y repercusión jurídica y social" y que traslucen "grave desconfianza en el poder judicial".

En la sesión, la sala del Gobierno del alto tribunal andaluz acordó adherirse en su integridad al comunicado emitido por las asociaciones judiciales en fecha 9 de noviembre pasado, al acuerdo de igual fecha adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, así como a los comunicados de los presidentes de Audiencias Provinciales, Jueces Decanos, Salas de Gobierno de otras Comunidades Autónomas, Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

Junto a ello, desde el TSJA indicaron que los jueces actúan "siempre sometidos al imperio de la ley y en salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, reconocidos en nuestra Constitución". También recordaba el acuerdo que el "principio de separación de poderes constituye un pilar fundamental de nuestro Estado democrático de Derecho, a la par que es una de las exigencias básicas en los Estados que forman parte de la Unión Europea, que debe respetarse y preservarse desde todas las instituciones públicas".







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