La crisis del coronavirus y los días que vienen

Si la extensión de esta pandemia marca en España las mismas pautas que ha venido desarrollando desde que se detectaron los primeros casos, en China, hasta su llegada a Europa, podríamos entrar en la peor fase del coronavirus a partir de la semana que viene. Madrid, en este escenario, lleva la delantera en este laboratorio, pues es allí donde se sufren con mayor virulencia el número de afectados y fallecidos en territorio español. También, en consecuencia, las medidas más radicales en aras de contenerla, además de la zona catalana de Igualada, donde se ha decretado la cuarentena y el confinamiento de la población.

Quieren decir estas primeras líneas que hay que estar preparados anímicamente para navegar una situación del todo insólita y desconocida no ya para el común de los ciudadanos sino para las autoridades y el propio sistema sanitario. En este contexto, sería del máximo interés que todos dejásemos que el debate se desarrolle en los estrictos términos médicos y a cargo de los expertos en torno a las medidas que se decreten, que irán in crescendo en su dureza si, como todo parece indicar, crece la población afectada y las zonas de riesgo. Hay que suponer que quien decide lo hace en base a una información y unos datos que los demás desconocemos. Tiempo habrá después para analizar los errores y aciertos, los méritos y deméritos. Pero, entretanto, lo peor que nos podría pasar sería que esta crisis transitase de lleno en manos de los políticos, que tanto ejemplo de interés partidario y hasta de irresponsabilidad han dado en el presente y pasado inmediato.

Desde que sonaron las primeras trompetas de este miniapocalipsis recordé el antecedente más parecido a estos días de ahora, la crisis del ébola, cinco años atrás. Entonces, asistimos en primera fila a la interpretación de aquella peculiar ¡ministra! de Sanidad, de nombre Ana Mato, quien tuvo que concurrir a una rueda de prensa esperpéntica, rodeada de directivos sobre los que no mandaba, pues las comunidades autónomas son las que prestan los servicios sanitarios mientras que el Estado es el interlocutor ante unas autoridades europeas que exigían explicaciones sobre un asunto del que, sorprendentemente, el Gobierno central era un convidado de piedra. He aquí la España autonómica, diecisiete sistemas sanitarios distintos: ayer, cuando en una televisión daban cuenta de la actualidad, sobreimpresionada en pantalla discurría una cinta sin fin donde aparecían los teléfonos de urgencias habilitados para que los ciudadanos se informen e informen.

¡Diecisiete teléfonos, diecisiete! ¿Hay quién dé más? No, evidentemente. España, así, es el único país de Europa donde no se ha implantado un teléfono único de emergencias y, además, hemos sabido que Cataluña -la pela es la pela- el número que habilitó el muy honorable y supremacista Torra era de pago. Rectificó -todo hay que decirlo- cuando alguien le haría notar lo feo que resulta hacer negocio con la desgracia. Una singularidad española, esta de los diecisiete teléfonos, que se plasma en la disparidad de cifras que en determinados momentos han ofrecido el Ministerio y algunas regiones. Aunque, para hacer notar que en algo hemos mejorado, también habrá que reseñar en contraste con aquellos tiempos de Mato los actuales gestores han transmitido ahora en todo momento una gran sensación de control y racionalidad.

Así, y por seguir con la previsible fase de escalada que los precedentes apuntan según la evolución previa en otros países, esa 'italianización' nos llegará en España durante la próxima semana y viviremos los días más duros probablemente hasta mediado abril, en que se estabilizarían los números y se entraría en otra fase más llevadera en la que poco a poco fuesen menguando los efectos y las cifras. Se consumirían así esos dos meses que en el cálculo más halagüeño del Ministerio darían por controlada la epidemia. Podrían ser cuatro, también han dicho. Hay que confiar en que no sea así, en que todo discurra en los menores plazos posibles. Pero es en el 'durante' en el que hay que centrar las disciplinas de la población. El Gobierno no ha descartado un 'estado de alarma' que la ley prevé y que daría cobertura legal a muchas de las decisiones que se deberán tomar si la crisis profundiza. No cabe más consejo que el de acatar la norma, si así llega. Disciplina, una palabra no en su sentido militar pero sí en cuanto al de marcar objetivos compartidos y la autorregulación y cumplimiento de cada cual en los fines del bien común que todos queremos.

Se trata de atender a los afectados y de prevención entre la población de riesgo, que, a fin de cuentas, somos todos. Y también, de no colapsar el sistema público sanitario, porque entretanto hay otros enfermos de otras muchas enfermedades y dolencias que necesitan tratamiento que quedarían desatendidos si todos los recursos humanos y materiales se destinan a esta crisis del coronavirus, por mucha prioridad que hoy en día precise.