Piden dos años y medio de cárcel a la acusada de simular el pago de una deuda de una vivienda

La inculpada habría enviado a la empresa constructora un documento falso que simulaba el pago total de la cuantía demandada por la compra del inmueble

Edificio de la audiencia TSJA en Granada
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada | Foto: Archivo GD
Europa Press
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha señalado para este jueves, 23 de noviembre, el juicio por un caso en el que la Fiscalía ha pedido dos años y medio de prisión y multas por un importe de 4.860 euros para un acusada de simular el pago de una vivienda en Armilla, en el área metropolitana de Granada, por la que la empresa constructora le reclamó 42.694 euros.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el 15 de septiembre de 2008, la acusada compró a la mercantil una vivienda en Armilla por la suma de 72.000 euros, "de los que quedaban pendientes de pago al otorgamiento" de la escritura 32.440 euros, que supuestamente "debían hacerse efectivos mediante diez plazos por importe cada uno de ellos de 3.240 euros, con vencimientos semestrales sucesivos".

Así las cosas, el 11 de septiembre de 2020, la constructora formuló contra la procesada demanda de juicio ordinario en ejercicio de la acción de cumplimiento contractual con reclamación de la cantidad de 42.694 euros, incluyendo intereses. En contestación a dicha demanda, el 10 de diciembre de ese mismo año, la acusada, "guiada por un evidente ánimo de ilícito enriquecimiento", habría alegado que la cantidad ya estaba pagada.

Habría adjuntado a dicha contestación "una fotocopia de un documento que había sido confeccionado, bien personalmente por la acusada, bien a su instancia, que simulaba una carta de pago por la totalidad del precio estipulado en el contrato de compraventa del referido inmueble". En la misma, se habría incluido una firma de un administrador de la empresa "obtenida mediante fotocopiado o escaneado" sin su consentimiento.

Está previsto que los hechos, por los que el Ministerio Público interesa un año y nueve meses de cárcel y multa de 3.240 euros por la presunta comisión de un delito de falsedad de documento mercantil, y nueve meses de cárcel y el pago de 1.620 euros por supuesto ilícito de estafa procesal en grado de tentativa.







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