IU denuncia la falta de atención a enfermos de depresión en Granada

Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de Izquierda Unida en Granada, ha criticado la insuficiente atención a los enfermos de depresión en la provincia. "La prevalencia de cuadros depresivos activos en la población de 15 años o más afecta en Granada en torno a 59.000 personas. A pesar de esta alta incidencia, la atención médica pública a personas con depresión en Andalucía es objeto de protestas, tanto por parte de los usuarios como de asociaciones y profesionales de la salud", ha indicado la formación de izquierdas, que también ha resaltado "la escasez de recursos humanos en salud mental y la falta de apoyo a las familias, agravando aún más la complejidad de la situación".

En este sentido, la diputada ha subrayado "la urgente necesidad de fortalecer los recursos humanos en salud mental y mejorar la atención integral en todos los niveles del Sistema Andaluz de Salud, desde la atención primaria hasta la especializada, incluyendo la salud mental infanto-juvenil".

IU denuncia "la falta de financiación que permita mejorar la atención a la salud mental en Andalucía". "A pesar de las declaraciones institucionales y los discursos del presidente Moreno Bonilla y su gobierno, la descoordinación en el Servicio Andaluz de Salud está afectando directamente a los enfermos y sus familias", ha apuntado Pérez, quien ha sugerido que "esta falta de coordinación podría estar vinculada a la apuesta del gobierno por la sanidad privada".

También ha alertado, especialmente, sobre "las deficiencias en la atención a la depresión en la Atención Primaria". "Tras un aumento significativo de consultas por motivos de depresión debido a la pandemia de Covid-19 y la subsiguiente crisis económica, se ha identificado un 'déficit de formación' entre la mayoría de los médicos de Atención Primaria. Esta falta de formación se traduce en inercias terapéuticas que afectan al diagnóstico, al éxito del tratamiento y a las recaídas posteriores en episodios de depresión".

"Los retrasos en el diagnóstico y la imposibilidad material de supervisar de forma adecuada afectan la salud de los pacientes, pero también aumentan los costos y disminuyen los beneficios de los tratamientos. Además, contribuye a que la depresión se vuelva crónica, afectando la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Es crucial revisar el diagnóstico, evaluar otros problemas de salud, asegurarse de que las personas sigan el tratamiento y abordar problemas personales cuando el tratamiento no está funcionando. En el caso de las personas mayores es aún más importante actuar rápidamente".

Además, Mari Carmen Pérez ha hecho hincapié en la importancia de formar a las familias de enfermos de depresión. Propone impulsar programas educativos destinados a proporcionar herramientas y conocimientos a los familiares para ayudarles a convivir con la enfermedad y contribuir al proceso de recuperación de la persona afectada. Pérez ha sostenido que "el apoyo familiar desempeña un papel crucial en el manejo de la depresión" y ha abogado "por estrategias que fortalezcan esta red de apoyo".

IU ha señalado que "la falta de atención en el servicio público impulsa a las personas afectadas por depresión a recurrir a la sanidad privada, con el considerable costo económico, que no todo el mundo puede asumir". Esta situación, según Pérez, "revela una desconexión entre las buenas palabras que se dan ante la celebración del Día Mundial de Lucha contra la Depresión y la realidad de la falta de financiación que permita una mejora significativa en la atención en enfermos".

La diputada ha concluido subrayando "la necesidad de abordar la crisis de salud mental en Andalucía con acciones concretas y un mayor compromiso financiero real, no sólo retórico". "La salud mental no puede ser vista como un privilegio, sino como un derecho accesible para todos los andaluces, y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizarlo", ha dicho. En este sentido, ha señalado que debe haber "un aumento significativo de la inversión en salud mental" y ha instado al gobierno "a cumplir su deber de proporcionar una atención de calidad para todos los ciudadanos".