El Ayuntamiento abordará con operadores jurídicos y Junta la ubicación de la Ciudad de la Justicia

Carazo se ha mostrado dispuesta a "valorar, examinar y trabajar" las distintas propuestas, sin que se haya llegado al punto de poner sobre la mesa posibles solares

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Juzgados de Caleta | Foto: Archivo GD
Europa Press
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El nuevo equipo de gobierno local de Granada, del PP, entablará conversaciones con los operadores jurídicos de la ciudad para conocer sus planteamientos sobre la Ciudad de la Justicia, un proyecto en el que la Junta emplazó al Ayuntamiento en el anterior mandato a buscar una opción de "consenso" tras las elecciones municipales del 28 de mayo.

En concreto, a finales de abril, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, indicó que la intención de la Junta era abordar el acuerdo sobre las nuevas instalaciones judiciales en Granada capital después del 28M, siguiendo el criterio de los operadores jurídicos.

La idea era buscar el "consenso", también con el gobierno municipal que salga de las urnas, en la decisión de si se construye una nueva Ciudad de la Justicia fuera del casco histórico, o las instalaciones judiciales se adecuan al actual eje del centro.

En la misma línea se ha pronunciado, en una entrevista con Europa Press, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que se ha mostrado dispuesta a "valorar, examinar y trabajar" las distintas propuestas, sin que se haya llegado al punto de poner sobre la mesa posibles solares que, en su caso, pudieran acoger una nueva Ciudad de la Justicia.

Se trata, en cualquier caso, de "aspirar" a prestar "el mejor servicio" y "digno" de la capital judicial de Andalucía y "a una Ciudad de la Justicia". Para ello, se puede trabajar con "diferentes alternativas", manteniendo el eje actual en el centro de la ciudad pero "reduciendo la dispersión" o "localizar una nueva ubicación".

"En este asunto, que es de enorme importancia para la ciudad", es necesario ir "todos de la mano" y que el Ayuntamiento trabaje con el sector --"todos los que operan en el sector jurídico" y "todos los trabajadores de la justicia porque también condiciona su día a día"--, y con la Junta, que tiene las competencias.







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