Los rectores de universidades públicas rechazan el ajuste propuesto por la Junta

El recorte a las universidades andaluzas asciende hasta los 135 millones de euros

Pilar Aranda - rectora Universidad de Granada UGR
La rectora de la UGR, Pilar Aranda | Archivo
Europa PressEuropa Press
0

El conjunto de rectores de las universidades públicas andaluzas ha remitido una carta al consejero responsable de las sedes académicas, Rogelio Velasco, en la que aseguran no compartir “la forma y medida” del ajuste aprobado por la Junta en forma de actuaciones para la dotación de un Fondo de Emergencia Social y Económica contra el covid-19 (FESE) por valor de 700 millones de euros.

Y es que en dicho acuerdo se decidió que las universidades públicas andaluzas aportarán a este fondo 135 millones de euros procedentes de su presupuesto nominativo destinado a la cobertura de gastos corrientes. Para hacer frente a este ajuste financiero se ha autorizado a las universidades a recurrir a sus remanentes de tesorería no afectados y se han acordado otras medidas complementarias: pago de la deuda contraída por la Junta con las universidades desde el año 2015 y autorización de inversiones con cargo al resto de sus remanentes por valor de 125 millones de euros.

“Desde la más absoluta lealtad institucional”, los rectores, que recalcan “la actitud solidaria” de las universidades públicas andaluzas, “repetidas veces ya demostrada”, con las circunstancias que atraviesa el país, indican que el ajuste propuesto “no solo comporta una reducción patrimonial neta para las universidades públicas andaluzas, sino que genera incertidumbre sobre el futuro al tener que afrontar el mismo si se aplica la solución propuesta, con un fondo de contingencia que se verá reducido de manera considerable”.

Sostienen que, en términos plurianuales, el uso de remanentes de tesorería no afectados para hacer frente a gastos corrientes supone una reducción de la financiación del conjunto del sistema universitario público andaluz, algo que ya ocurrió en el año 2019. Así, por tanto, “siendo cierto que la capacidad de ejecución del presupuesto de las universidades para este ejercicio económico 2020 no se resiente, la capacidad financiera de las universidades en términos plurianuales se reduce en la cantidad de 135 millones de euros”.

Los remanentes de tesorería, por otro lado, suponen “una salvaguarda para la estabilidad de las universidades frente a contingencias”. La reducción en un solo año del 31,8 por ciento de estos remanentes para su uso en gastos corrientes, que es lo que representan los 135 millones respecto al total de remanentes del sistema a finales de 2019, implicará “una merma importante en el patrimonio de las universidades públicas andaluzas y, por tanto, en su capacidad de respuesta ante nuevas eventualidades, especialmente en un contexto económico de especial dificultad como el que se prevé para el ejercicio 2021”.

Y es que los remanentes de tesorería no afectados de los que disponen algunas universidades corresponden a cantidades presupuestadas en ejercicios económicos anteriores al actual, que, por diversos motivos, no pudieron ser ejecutadas en el año correspondiente y que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no pueden ser gastados en años sucesivos sin la autorización de la Consejería con responsabilidades en Hacienda, “dado que contablemente el uso de estos remanentes genera déficit en la liquidación de cuentas de las universidades, déficit que consolida con el propio de la Junta de Andalucía, razón por la cual tienen que ser autorizados anualmente”.

Dicho remanentes conforman “una parte sustancial de la posición financiera de las universidades públicas andaluzas para afrontar las inversiones estratégicas aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades, por lo que, de forma reiterada y durante los últimos años, se ha solicitado poder utilizarlos, de forma progresiva, para la mejora del servicio público que prestan, sobre todo en ausencia de un plan plurianual de inversiones de la Junta de Andalucía”.

Frente a la propuesta acordada por la administración regional, los rectores entienden que se deben explorar otras posibles soluciones como mantener el aplazamiento del pago de la deuda, de manera que esos 126,9 millones sean los que se destinen al FESE, autorizando en paralelo el uso de solo 135 millones de remanentes para su uso en inversiones, lo que además tendría igualmente el efecto de ayudar a reactivar la economía andaluza después de los efectos muy negativos de esta crisis del coronavirus.

Así, los rectores de las universidades públicas andaluzas solicitan al Consejo de Gobierno de la Junta la revisión de estas medidas, de forma “negociada” con las universidades, buscando un consenso que permita a las sedes académicas “demostrar su corresponsabilidad con la situación actual, pero sin poner en riesgo el desarrollo digno de sus funciones y su estabilidad futura”.







Se el primero en comentar

Deja un comentario