La Justicia racionalizará las plazas en centros de internamiento para que los menores infractores cumplan en sus provincias

El año pasado el sistema de Justicia Juvenil ejecutó en Granada más de 1.200 medidas a impuestas por los jueces a menos infractores

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Visita al CIMI San Miguel | Foto: Gabinete
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El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, ha visitado junto con el delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, Gustavo Rodríguez, el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) San Miguel, donde ha señalado que la intención de la Junta de Andalucía en esta Legislatura es “lograr que todos los menores cumplan las medidas impuestas por los jueces de Menores en las provincias en las que residen, porque para poder trabajar con las familias, tener esa cercanía es fundamental”.

Ontiveros ha precisado que, en la actualidad, gran parte de los adolescentes cumplen las medidas impuestas en sus provincias, pero en algunas de ellas como Granada o Málaga el porcentaje de menores que están fuera es mayor. “Por este motivo queremos racionalizar el número de plazas para que todos puedan estar en su lugar de origen, ya que esto facilita mucho el trabajo de intervención que debe realizarse con las familias”, ha señalado.

En la visita, el director general ha podido conocer todas las instalaciones del CIMI y la labor “tan importante” que desarrolla en el mismo la Fundación Diagrama a diario para lograr “la recuperación de estos menores”. Ontiveros ha destacado que “el sistema de Justicia Juvenil está completamente consolidado” y es un referente para otras comunidades autónomas y países. No obstante, ha apostado por “seguir mejorando y conseguir un nivel de excelencia”.

Por último, ha destacado que su intención como director general de Justicia Juvenil es visitar “todos y cada uno de los centros de menores de Andalucía” para poder conocer la situación de cada uno de ellos “y aquellas cuestiones que se puedan ir mejorando”.

En Granada, en 2018 se ejecutaron un total de 1.262 medidas, de las que 268 fueron en régimen de internamiento y 994 en medio abierto (que no suponen la privación de libertad). Granada es, de hecho, tras Málaga la provincia andaluza con más medida de internamiento ejecutadas, con un 18%. El delito más común entre los jóvenes infractores fue contra el patrimonio (robo).



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