La Codapa pide que el pacto educativo andaluz fije una inversión mínima del 5% del PIB

La Confederación de AMPA traslada a Imbroda sus propuestas sobre la Ley de Bioclimatización, la sustitución de bajas del profesorado y el programa de refuerzo estival, entre otros asuntos

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Reunión de Codapa con el consejero de Educación, Javier Imbroda | Foto: Gabinete
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La Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa) pide que el futuro pacto para despolitizar la educación en Andalucía contemple, como mínimo, una inversión del 5% del PIB para blindar la escuela pública. Así se lo ha trasladado a Javier Imbroda durante la reunión que ha mantenido esta semana con el consejero de Educación, al que también ha planteado sus propuestas sobre la Ley de Bioclimatización, la sustitución de bajas del profesorado o el programa de refuerzo estival, entre otros asuntos.

Durante el encuentro, el movimiento de AMPA ha expuesto a Imbroda el modelo de escuela pública que defiende y que, a su entender, debería recoger el futuro pacto educativo. “Abogamos por una escuela de calidad, entendida como inclusiva, equitativa y democrática, que promueva la innovación para potenciar la motivación y donde el alumnado sea protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje”, explica la Codapa, para la que es prioritario el “derecho una educación integral, que desarrolle al máximo las capacidades de los niños y niñas con igualdad de oportunidades”.

El colectivo es partidario, además, de impulsar la participación activa de las familias y la AMPA, cuya intervención “no puede limitarse a la mera elección de centro”, defiende, e insta a “apostar por la formación como eje vertebrador de la participación”. De igual modo, la Codapa entiende la convivencia como meta educativa, por lo que es necesario “invertir para formar” en este aspecto.

Para la Confederación es vital, por otra parte, que la privada subvencionada sea subsidiaria de la pública, cuyas instalaciones deben ser “lugares seguros y cómodos en los que se pueda trabajar con unas infraestructuras dignas”.

En esta línea, las familias aplauden que se siga adelante con la Ley de Bioclimatización, pero se muestran totalmente en contra de que los fondos públicos también se destinen a mejorar los centros privados, máxime cuando el propio Imbroda reconoció durante la reunión que aún quedan 1.200 actuaciones pendientes en infraestructuras educativas, sin contar las relativas a climatización.

“No se puede plantear el arreglo de colegios privados con la cantidad de necesidades que arrastran los públicos”, subrayó Estela Gil de la Parte, presidenta de la Codapa, que propuso al consejero dejar de recurrir al profesorado de apoyo para cubrir las bajas con intención de que, al menos en Infantil y Primaria, las sustituciones se hagan desde el primer día.

Las familias han mostrado su descontento, por otra parte, con la forma de ejecutar el programa de refuerzo estival sin contar con la comunidad educativa, y han planteado la posibilidad de ampliar el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) -que se imparte en todos los centros y no cubre el año entero. “Si principalmente se busca luchar contra el fracaso escolar en Primaria, donde el mayor problema es el absentismo, difícilmente van a conseguir que ese alumnado que no acude cuando es obligatorio lo haga ahora, al ser pagado y voluntario”, advierte.

Sobre este tema Imbroda anunció que están estudiando la mejora del PROA, aunque pretenden enviar a la sociedad un mensaje sobre la necesidad de mejorar la educación e implantar hábitos de vida saludable

Durante el encuentro la Confederación también ha abogado por favorecer comedores escolares de cercanía gestionados por las AMPA, un modelo “viable y de éxito”, como demuestran los casos del CEIP Europa en Almería o el Gómez Moreno en Granada, premiado a nivel nacional e internacional.

Las familias de la escuela pública han lamentado, por último, el modelo de reunión a tres bandas -junto con Concapa y Confedampa- planteado por Imbroda, ya que la Codapa representa el 92% de las AMPA de Andalucía, mientras que las otras dos no suman el 8%.



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