Granada perderá 24 millones de euros si se queda fuera de las ayudas del Estado a los municipios

El acuerdo entre la FEMP y el Gobierno excluye a los ayuntamientos sin remanente ni superávit, como es el caso de la capital granadina

Ayuntamiento de Granada
Fachada del Ayuntamiento de Granada | Foto: Archivo GD
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El Ayuntamiento de Granada perderá alrededor de 24 millones de euros si, finalmente, se queda fuera del fondo de 5.000 millones de euros en ayudas del Estado a los municipios para que puedan afrontar los efectos del coronavirus. El acuerdo firmado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda es perjudicial para la capital granadina, ya que el mismo prevé que opten al reparto aquellos municipios que dispongan de remanente en sus cuentas bancarias y superávit, lo que excluye al Ayuntamiento de Granada.

Alcaldes de diferentes signos políticos se han mostrado en contra de este acuerdo, caso del propio Luis Salvador, quien rechaza la propuesta del Gobierno sobre el superávit municipal por “romper el principio de igualdad. La iniciativa de Hacienda crea ciudadanos de primera y de segunda ya que habrá alcaldes que puedan ayudar a sus vecinos y otros que no, porque no tienen recursos ni remanentes”. En la misma línea se ha manifestado Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, otro de los municipios perjudicados. Azcón ha calificado de “incomprensible, inaceptable e intolerable” la decisión y ha estimado que Zaragoza perderá 71,3 millones de euros, que es la cuantía que le hubiera correspondido si la distribución hubiera sido proporcional, la de un criterio de reparto por población.

El acuerdo de la FEMP da luz verde a la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos. El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022. Asimismo, las diputaciones podrán formalizar préstamos y realizar transferencias finalistas no reintegrables a administraciones locales que se encuentren en una situación económica vulnerable.

Los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la pandemia.

No obstante, el Gobierno ha transformado en decreto ley el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, por lo que tendrá que llevarlo al Congreso de los Diputados para convalidarlo. Y es en esa votación donde este decreto ley va a tratar de ser rechazado.
De hecho, hoy mismo, se va a celebrar una reunión por videoconferencia a la que se han sumado, al menos, ocho alcaldes de diferentes partidos políticos de España con el objetivo de suscribir un manifiesto para modificar el real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros esta semana. Han confirmado su presencia los alcaldes de Cádiz (Adelante Andalucía), Lérida (Esquerra Republicana de Cataluña), Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria), Granada (Ciudadanos), Bilbao (PNV), Murcia, Madrid y Zaragoza (PP). También podría participar la alcaldesa de Canyelles y portavoz de PDeCAT en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).





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