La Junta garantiza este año la escolarización de 231 menores infractores en la provincia

La Junta de Andalucía garantiza este año la escolarización de 231 menores infractores en la provincia de Granada, tanto de los que cumplen una medida en régimen abierto en los recursos de Justicia Juvenil como los que lo hacen en el centro de internamiento Genil de la capital, según han explicado la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín, y la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Inmaculada Hernández.

Las delegadas han informado sobre la colaboración entre ambas Consejerías para la atención educativa de menores infractores sometidos a medida judicial y del convenio, renovado en 2021, para que los menores que cumplan una medida judicial tengan garantizada su formación.

De estos 231 menores, 68 están matriculados en ESO, 54 en FP, 46 en grado medio, 19 en Bachillerato, uno en Ciclo Formativo de Grado Superior y 43 en Enseñanza para adultos.

"Este convenio refleja que es una prioridad para la Junta de Andalucía no dejar a nadie atrás y la excelencia educativa", precisa María José Martín, quien explica que este año se destinan tres docentes para la atención especializada a estos alumnos.

Por su parte, Inmaculada Hernández destaca que "son muchos los recursos que se ponen en marcha para este programa de reeducación y de seguimiento de este alumnado". La mayoría de los jóvenes atendidos cumple con libertad vigilada aunque también se ha intervenido con alumnado que tiene tarea socioeducativa, convivencia en grupo educativo y en régimen de internamiento.

El convenio favorece la continuidad de los ciclos educativos aun cuando el menor permanezca en centro de internamiento o reforma y también se facilita a los menores el acceso a los otros estudios que componen los diferentes niveles del sistema educativo y otras enseñanzas no regladas que contribuyan a su desarrollo personal y sean adecuadas a sus circunstancias.

La delegada de Desarrollo Educativo se ha referido "al trabajo que se hace con las familias para combatir el absentismo y para hacer un seguimiento personalizado, es una labor importante a nivel educativo pero también social". Desde 2014, casi 3.500 alumnos que han cumplido alguna medida judicial han sido acogidos en este programa.