CCOO denuncia al delegado de Educación por irregularidades en el proceso de escolarización

El sindicato apunta a la "presunta comisión de un delito de prevaricación y otros comportamientos injustos en el ejercicio de sus funciones"

CCOO denuncia delegado de Educación
El secretario de CCOO Granada, Ricardo Flores, y la responsable de Enseñanza de CCOO, Mercedes González, han presentado la denuncia en la Fiscalía Superior de Andalucía | Foto: Gabinete
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El secretario general de CCOO Granada, Ricardo Flores, y la responsable de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes Isabel González, han presentado este viernes por la mañana, en la Fiscalía Superior de Andalucía, una denuncia contra el delegado provincial de Educación, Antonio Jesús Castillo, por irregularidades detectadas en el proceso de escolarización. Concretamente, «por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otros comportamientos injustos en el ejercicio de sus funciones».

Tal y como establece la denuncia, CCOO recientemente ha tenido conocimiento de que el delegado de Educación ha enviado diferentes “requerimientos por escrito” a los directores y directoras de diferentes centros públicos de la localidad de Loja (Granada), en los que se comunica que «ha acordado realizar la agrupación de hermanos que hayan resultado adjudicatarios de plaza educativa en distintos centros escolares (…) elevando el tope legal de ratio de 25 alumnos/as por unidad a 27 alumnos/as por unidad”.

Para la responsable de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes Isabel González Liñán, las consecuencias de este requerimiento tienen como resultado el deterioro de la calidad de la enseñanza pública en primer término, y afecta al derecho fundamental a la educación del alumnado ya matriculado con derechos preferentes, así como empeora sensiblemente las condiciones de trabajo del profesorado afectado, “circunstancias de las que el Delegado es perfectamente consciente, actuando con voluntad y pleno conocimiento en su proceder a pesar de los efectos perjudiciales y contrarios a derecho», ha explicado la responsable sindical.

Estos hechos afectan «tanto a las condiciones laborales del profesorado, del que se abusa al obligarle a atender a más alumnado del que marca la ley por razones arbitrarias no recogidas en la norma, como al alumnado que ve mermada la calidad de la educación que recibe al tener que estar en una clase saturada más allá de lo legal». Por este motivo, el secretario general de CCOO Granada, ha insistido que desde el sindicato exigen «el máximo respeto a la normativa vigente” y ha advertido que «si se quieren cambiar las normas, hay procedimientos parlamentarios para ello». «En este caso, se está contraviniendo la Ley Orgánica que regula un derecho fundamental como es el de la educación (LOE), que no puede ser contravenida a instancias de un Delegado», ha asegurado.

Considera CCOO que hay que tener en cuenta que el procedimiento ordinario de escolarización del curso 2019/2020 ya finalizó en su momento, pretendiendo el delegado, de forma extemporánea “introducir modificaciones en las adjudicaciones de las plazas educativas ya asignadas” una vez concluido el mismo, afectando de forma «flagrante» a la ratio legal fijada en 25 alumnos/as por unidad, y que él «de forma arbitraria por medio de este acuerdo manifiestamente ilegal, fija como tope en 27 alumnos/as por unidad, con el consiguiente perjuicio para el alumnado ya inscrito y para el profesorado asignado a los grupos desde que se inició el presente curso académico en fecha de 1 de septiembre de 2019».

Por este motivo, el sindicato considera que estos hechos merecen «ser investigados por la Fiscalía, ya que sólo según la legislación vigente -perfectamente conocida por el denunciado-, procede de forma excepcional en caso de ausencia de vacantes en los respectivos ámbitos territoriales, con autorización expresa de la Consejería de Educación como órgano competente, y por causas tasadas legalmente, esto es, por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el periodo de escolarización extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores, bien por adopción o por el inicio o modificación de otras formas de protección de menores”.



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