Sábado, 22 Julio, 2017

            

La juez Alaya toma declaración al exinterventor delegado en Empleo

Caso ERE

E.P


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La juez de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado a declarar como imputado este miércoles al exinterventor delegado en Empleo Juan Luque, que fue imputado el pasado mes de junio junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez.

Luque, que fue interventor delegado en la Consejería de Empleo desde 2008 hasta 2012, fue el primero de estos altos cargos en recurrir su imputación ante la Audiencia Provincial de Sevilla al entender que es “difusa, inconcreta y ambigua”, ya que en el auto “más parece cuestionarse la normativa a aplicar que una deficiente aplicación de la misma”.

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Luque recuerda que la situación de imputado “es la de aquella persona a la que se atribuye con un mínimo de pruebas o de fundados y plurales indicios la autoría o implicación en un delito”, lo que conlleva que el auto dictado por la juez “debiera contener una motivación concreta donde se expresasen los hechos que se imputan individualizadamente a cada uno de los 20 afectados y las diligencias de prueba que sustentan cada una de esas imputaciones”.

A su juicio, el auto dictado por la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla “carece de esta motivación, y ello conlleva que esta parte desconozca qué hechos concretos se imputan a Juan Luque y cuáles son los indicios en que se basamentan”, a lo que se suma que “ésta, ya no insuficiente, sino inexistente información de los hechos concretamente imputados y los indicios que los sustentan, da lugar a una situación de positiva y real indefensión”.

Por otra parte, el abogado del imputado dice que “la carencia de fundamentación del auto se hace clamorosa cuando no analiza los motivos que han llevado a que ahora se le impute, cuando hasta ahora su única relación con el procedimiento había sido deponer como testigo” y aportar documentación en julio de 2012 ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, “hecho que ni siquiera menciona el auto recurrido”.

“Es más, si el año pasado se entendía que existía algún motivo para imputar a mi representado no se le debió tomar declaración como testigo”, añade al abogado, que entiende que el auto de la juez incurre “en una quiebra del principio de intervención mínima y del principio acusatorio, enfrentando” a Juan Luque “con una imputación difusa, inconcreta y ambigua, donde más parece cuestionarse la normativa a aplicar que una deficiente aplicación de la misma”.

LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

En el recurso, el letrado señala que, “en efecto”, las transferencias de financiación, tanto en el proceso de elaboración de los presupuestos como en el proceso de ejecución presupuestaria, “son acordes a las leyes de presupuestos emanadas del Parlamento y, por ello, su utilización es atípica penalmente”.

A su juicio, “no puede llevarse a cabo una imputación que se base en que un funcionario realice su cometido al amparo de una norma legal emanada de un Parlamento cuando la legalidad de la misma no ha sido impugnada por el cauce legal adecuado para ello”, de manera que la imputación al exalto cargo “parece adivinarse que se sustenta, pues los términos del auto carecen de concreción, en su intervención en la fiscalización de algún o algunos expedientes de encomienda y que al fiscalizarlos ha participado en la tramitación de unos fondos que pudieran haber sido objeto del fraude que se persigue”.

El letrado señala que “quedaría demostrado en las diligencias el rigor profesional mostrado” por el imputado “a través de la documentación que presentó a iniciativa propia” cuando declaró como testigo ante la UCO, cuando aportó “numerosos informes de disconformidad y rechazo” de expedientes con devolución de los mismos a la Dirección General de Trabajo y también a la de Relaciones Laborales.

“La actuación de mi representado en modo alguno ha favorecido o facilitado la disposición fraudulenta de los fondos del programa 31.L, antes bien al contrario, los informes de rechazo citados y los numerosos emitidos con posterioridad han dejado sin efectos prácticos tanto la aplicación de la Orden de 1 de abril de 2011 de bases reguladoras de las ayudas sociolaborales, como la de 13 de marzo de 2012 que establece las ayudas sociolaborales para los afectados por la liquidación de Apraleven”, dice el abogado.

SU DECLARACIÓN COMO TESTIGO

En su declaración como testigo ante la Guardia Civil, prestada el 5 de julio de 2012, los agentes le preguntaron si “en la realización de dicha labor de fiscalización de las ayudas alguien le ha presionado en el sentido de no poner reparos a las mismas”, a lo que respondió que “no se ha sentido presionado” aunque “sí urgido en relación con determinados expedientes”.

De otro lado, Luque también aseguró que el sistema de las transferencias de financiación “no son ningún problema si se usan para lo que fueron creadas: la financiación de los entes instrumentales”, añadiendo que en el caso ERE “se han utilizado para finalidades que no son para lo que se crearon”, como es el pago de ayudas o subvenciones.

A su juicio, el uso de estas transferencias de financiación tenía como fin “eludir” el control financiero que debería haber realizado el interventor delegado en la Consejería de Empleo “si se hubiera usado el método procedente”. “Con carácter general, el órgano gestor ha intentado evitar la fiscalización previa de la Intervención Delegada en Empleo para dar más agilidad a los expedientes”, llegó a admitir.

“MENOSCABO MUY GRAVE PARA LOS FONDOS PÚBLICOS”

En esta línea, aseveró que el famoso convenio marco de 17 de julio de 2001 “supone que los expedientes no lleguen a la Intervención Delegada, y tiene por tanto como consecuencia que se evitan los reparos que pudieran plantear los interventores delegados en la Consejería de Empleo”, precisando que este convenio “es consecuencia de una multitud de reparos que habían sido planteados por la Intervención Delegada y porque suponía que se dilataran los plazos”.

El exinterventor también admitió que, en el caso ERE, “ha existido un menoscabo muy grave para los fondos públicos”, y que por este motivo “se debió hacer algo al respecto”.

 

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