Piden 12 años de prisión para un acusado de prender fuego a la vivienda de su expareja en Nívar

La Fiscalía de Granada ha solicitado 12 años de prisión para un hombre acusado de prender fuego a la vivienda de su expareja en Nívar (Granada), después de amenazarla de muerte y quebrantar la orden judicial por la que tenía prohibido comunicarse y aproximarse a ella.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a diciembre de 2013, cuando el acusado efectuó una llamada a una amiga de su expareja para que le comunicase a ella que esa misma tarde tenía que entregarle las escrituras de la vivienda donde ambos residían y algunos efectos personales.

El procesado le advirtió de que, de no hacerlo, le "haría daño" a uno de los hijos que tienen en común y de que ella "estaba muerta" de no seguir sus instrucciones. "Va a llorar lágrimas de sangre y luego la mato", señaló el procesado durante la conversación, la cual fue oída por la víctima porque su amiga accionó el 'manos libres' del teléfono, al tiempo que la grababa.

Unos días después, sobre las 20,30 horas del 20 de diciembre de ese año, el acusado decidió consumar sus amenazas y se trasladó a la casa propiedad de su expareja, un adosado unifamiliar de tres plantas donde ésta le había dejado residir tras la ruptura sentimental.

Una vez allí, vertió un líquido inflamable en el suelo de la sala de estar y le prendió fuego. Las llamas se propagaron rápidamente por la habitación, con el consiguiente riesgo para las viviendas adyacentes y sus moradores.

A continuación, el acusado se dirigió a la casa de una vecina y le pidió ayuda. Varios vecinos intentaron sofocar las llamas hasta que se personó en el lugar una dotación de Bomberos. Los desperfectos en la vivienda y su mobiliario ascienden a un total de 33.538 euros.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de incendio, por el que solicita para el acusado la pena de once años de prisión y prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante doce años; y de otro de amenazas con quebrantamiento, por el que pide un año de cárcel.