La Diputación reduce a la mitad el periodo de pago a proveedores para impulsar a las empresas frente a la crisis

El plazo medio de pago de la institución pasa de 32 a 17 días en un mes con el objetivo de favorecer la liquidez de las empresas

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El diputado de Economía, Antonio García Leiva | Foto: Gabinete
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La Diputación de Granada ha reducido el periodo medio de pago a proveedores en el mes de marzo, de 32 a 17 días, con el objetivo de favorecer la estabilidad financiera y la liquidez de las empresas que trabajan con la institución frente a las dificultades derivadas del estado de alarma y la crisis sanitaria.

El diputado de Economía, Antonio García Leiva, ha subrayado la importancia de que las empresas proveedoras puedan tener recursos para afrontar la situación: “Por eso, y pese a haber tenido que implementar el teletrabajo en un tiempo muy corto, desde el área de Economía y los servicios de Intervención, Secretaría y Tesorería, se ha hecho un tremendo esfuerzo para pagar con celeridad”.

Así, el periodo medio de pago a proveedores ha descendido a 17 días, “casi la mitad del mes anterior y por debajo de la media de los últimos seis meses”. De esta manera, ha explicado, “se inyecta liquidez en las empresas proveedoras cuando más falta les hace”.

El diputado, que ha recordado que el Gobierno provincial informó en relación a estos datos a los grupos políticos de la Diputación durante el pleno que se celebró la semana pasada, ha agradecido a los trabajadores y trabajadoras “que se hayan volcado tanto en este objetivo, teniendo en cuenta las dificultades del momento actual”.

García Leiva ha recordado otras medidas en materia económica y de inversiones que ha tomado la institución provincial y que están dirigidas a paliar los efectos de la crisis sanitaria a todos los niveles, particularmente en los municipios.

Así, se ha referido a la reorientación del programa económico de la Diputación para adaptarse a las necesidades de los municipios, el anticipo de 16,5 millones a los ayuntamientos, la suspensión de impuestos en 160 municipios y la paralización de los embargos pendientes.

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