Gobiernos y paniaguados

España es el país de la Unión Europea donde la llegada de un nuevo Gobierno supone un mayor número de cambios en los niveles inmediatos tras el nombramiento de los ministros. El dato, por decirlo ajustadamente, es más estremecedor si hemos de hacer caso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), prestigioso organismo internacional cuyas tablas han detectado que en ese raro 'pódium' europeo que ostentamos solo nos igualan, fuera de la UE, Turquía y Chile. La OCDE no lo dice, pero es fácil imaginarlo: tenemos tan elevada nómina de asesores y demás, cargos que ni pisan el despacho pero cobran, que parece hasta lógico que se produzca esa 'transmutación' de los cuerpos políticos según la suerte que, de cuatro en cuatro años, reparten las urnas.

Rememoraba este dato en estos días en que a la alcaldesa de Móstoles, socialista ella, no le ha cabido más remedio que cesar a su propia hermana, a la que había colocado con un sueldazo que para sí quisieran no ya los escasos jóvenes que hoy día acceden al mercado laboral sino también muchísimos padres de familia en esta época en que las empresas aprovecharon que la crisis pasaba cerca del Pisuerga para tirar los salarios por debajo de lo que nunca pudimos imaginar. Se trataba, el de Móstoles, de un cargo de confianza, un nombramiento que -con desprecio al Diccionario de la Real Academia y a la lógica que debería presidir la política- resulta que es legal. "Qué mayor confianza que un hermano", dijo un concejal del PP en situación análoga.

Pues eso, que a fuerza de repetirlo, a todos los niveles de la muy engordada administración española central, autonómica, provincial y municipal, nos hemos acostumbrado a ese baile de ocupantes, según marquen unas elecciones, en la planta noble de organismos, empresas públicas y hasta instituciones que fueron ideadas para ejercer una función arbitral y han sido 'okupados' por políticos en paro que cuando acceden a su nueva responsabilidad nunca olvidan a quién deben el cargo. Y el sueldo.

Podríamos apuntar a ese Tribunal de Cuentas que absolvió a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella de Aznar en la desdichada operación de venta de viviendas públicas a un precio por 'debajísimo' de su valor de mercado. Pero también podríamos citar aquí una de las ofertas de Sánchez a Iglesias en el eterno trasiego a la busca del apoyo necesario para la investidura del aspirante socialista, quien ofrecía nada más y nada menos que la presidencia de organismos arbitrales como la CNMV y otras. Y no se ha armado un escándalo, oiga.

Así, llegamos a ese absurdo que se sucede al frente de direcciones generales sobre las que, en principio, no existe diferencia ideológica ni debería ofrecer grandes distancias en la resultante de gestión, tanto si gobierna el PSOE como cuando lo hace el PP. Me refiero a la Dirección General de Tráfico. Que yo sepa, mejorar el trazado y estado de las carreteras, contribuir a la seguridad vial no es de derechas ni de izquierdas. O lo es de ambos lados del patio político. Así ocurre en todos los países de la UE (todos, menos España) no señalados por el informa de la OCDE. Esos cargos los ocupa un funcionario de primer nivel y salvo que meta una pata muy gorda o lo pillen metiendo la mano en la caja, allí permanece hasta su jubilación con independencia de quién gane las elecciones. Aquí, no. Aquí hasta tuvimos a aquel sevillano zumbón que en la noche de la peor tormenta de nieve de los últimos años pretendió hacernos creer que tomó las riendas de la situación a través de internet desde su casa de Sevilla, en batín y pantuflas, mientras a lo lejos de su rincón familiar sonaban zambombas y panderos, acorde con la época navideña de vacaciones en que se desarrollaron las incidencias. Muy bien no lo debió hacer, porque aquello fue el mayor desastre de gestión viaria en décadas...

O esos presidentes de puertos de Andalucía, que cuando fueron transferidos desde la Administración central a la autonómica, todos los cargos fueron a recaer -sin duda, fue por casualidad. No me sean mal pensados- recayeron, decimos, en políticos guerristas. Sí, 'guerristas' no en su contraposición con los 'pacifistas' sino en el sentido político de aquella división que atravesó al PSOE y el socialismo español a principios de los 90. Los conocimientos de gestión que acumulasen mientras crecía la división interna del partido nunca han sido explicitados pero como hay que ser bien pensados solo nos queda imaginarlos, entre polémica y polémica, asistiendo a cursillos y estudiando tratados sobre gestión y dirección de puertos de forma que el día que se repartieron las presidencias de las dársenas andaluzas allí estaban ellos, guerristas todos -todos- tomando posesión del despacho con un hermoso currículum que los habilitaba. ¡Je!

Han llegado los gobiernos del cambio, pero en este punto de los puertos las cosas no han cambiado. Ahí está una ex alcaldesa de Cádiz y ex presidenta regional del PP, presidiendo el de Cádiz. Y para la Agencia Pública que los coordina la coalición naranja-popular no ha encontrado mejor gestor que un ex alcalde de Córdoba, donde como todo el mundo sabe no es que allí no hay playa, es que no hay puerto. Recuerda aquellos tiempos afortunadamente superados en que había más almirantes en Madrid que en las comandancias marítimas de la Armada... Es que en Andalucía, en Madrid... hay ahora más consejerías que antes. Normal: si hay que contentar a dos partidos...

Pues miremos a La Rioja, en donde PSOE y Podemos han alcanzado un acuerdo para el Gobierno regional que reserva una consejería para los 'morados'. Esos 'morados' que han ido a buscar su consejero riojano ¡en Castilla-La Mancha! "¡Viva el vino!", que diría Rajoy.

Chistes aparte, la OCDE avisa: este afán paniaguador favorece el ascenso de personas no cualificadas y daña la imagen de las instituciones. En nuestra ingenuidad y modestia, pensábamos que los políticos, todos aquellos que están o aspiran a estar en la vida pública deberían ser los más interesados en el prestigio de la política y las instituciones. Pero se ve que no. Porque no ha terminado la cosa: en tiempos se pretendió la comarcalización. Es decir, crear una especie de nueva administración dando rango a las comarcas con nuevos organismos que las coordinasen. Hay ejemplos incipientes aunque afortunadamente no se llegó al sumum de lo que supondría ese nuevo desembarco de políticos en los órganos gestores. Una ocurrencia sobre la que volverá, antes o después, algún iluminado iluminador iluminante. Y no se olvide que el Estatuto reformado, ese 'gran anhelo' de los andaluces cuya consulta recibió en las urnas un apoyo ínfimo, contempla la ampliación del Parlamento autonómico de 109 a 150 diputados. Sí, amigos: un aumento del 50 por ciento. Si de 109 sobran cien, imaginen entre la centena y media...