CGT exige la vacunación de todo el personal de los Servicios Sociales de la provincia de Granada

El sindicato cree necesario considerarlos prioritarios al ser personal esencial y estar en primera línea de la atención social pública

VACUNAS COVID DOCENTES FERMASA - Dani B-6
Sanitarios en la vacunación en Fermasa | Foto: Dani B.
Gabinete
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La Junta de Andalucía ha iniciado esta semana la vacunación de los considerados “Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad”, principalmente docentes y personal de educación primaria y secundaria. CGT cree imprescindible la inclusión del personal de los Servicios Sociales públicos, declarado como esencial al inicio de la pandemia en la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, colectivo que lleva prestando servicio en primera línea desde hace meses, precisamente por ese carácter esencial y que no han sido incluidos en esa campaña.

El sindicato cataloga de "incomprensible que se ponga al personal en esa primera línea, pero no se le dote de la protección que ya está disponible y de la que se está dotando a otro personal igualmente esencial". CGT matiza que no se trata de una carrera por ver quién se vacuna antes, sino de asegurar que todo el personal esencial de los servicios públicos andaluces pueda seguir haciendo su trabajo con garantías tanto para estos trabajadores, como para la ciudadanía que necesita de su atención.

El sindicato quiere destacar la labor que desarrollan los Servicios Sociales públicos, desde los campos del trabajo social, la educación social o la psicología, incluyendo el trabajo administrativo, más aún en una situación donde las necesidades sociales se han multiplicado exponencialmente.

En la provincia de Granada hay más de mil profesionales adscritos a los distintos Servicios Sociales, ya sean provinciales, municipales o autonómicos, con lo que para CGT "no es un problema menor que se deje desprotegido a este colectivo de profesionales y en consecuencia a los miles de personas que se benefician de los servicios sociales". Por tanto, exigen al Consejero de Sanidad que comience los trámites para asegurar el sostenimiento de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía y priorice la vacunación de todo el personal esencial, como es el caso de los Servicios Sociales.







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