La Audiencia confirma ocho años de inhabilitación para el exalcalde de Castril por prevaricación

La sentencia considera probado que incluyó a un familiar entre los beneficiarios de un programa de subvenciones para la rehabilitación de infravivienda sin cumplir los requisitos legalmente establecidos

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El exalcalde de la localidad granadina de Castril José Juan López Ródenas | Foto: Archivo GD
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La Audiencia de Granada ha confirmado la condena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Castril (Granada) José Juan López Ródenas (PSOE) por un delito de prevaricación administrativa, al incluir a un familiar entre los beneficiarios de un programa de subvenciones para la rehabilitación de infravivienda sin cumplir los requisitos legalmente establecidos, permitiendo que obtuviera una ayuda de 36.119 euros.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal confirma la condena impuesta previamente por el Juzgado de lo Penal 4 de Granada al exregidor, aunque estima parcialmente su recurso y le exime del pago de las costas procesales causadas por la acusación popular.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, considera probado que los hechos se remontan a mayo de 2008, cuando tuvo entrada en el registro municipal de Castril una solicitud de una prima hermana del entonces alcalde para acogerse al Programa de Transformación de Infravivienda de la Junta respecto a un inmueble propiedad de sus padres.

La solicitud se acompañó con un contrato de arrendamiento que «no respondía a la realidad», pues la vivienda se encontraba «deshabitada» y era requisito indispensable para acogerse al plan que el domicilio estuviera habitado.

Así, y «siendo conocedor» el por entonces alcalde de que su prima «no reunía los requisitos» para obtener la subvención, votó en un pleno celebrado el 19 junio de 2008 a favor del acuerdo por el que se aprobaba la relación definitiva de beneficiarios, entre los que se encontraba este familiar.

Posteriormente se dio traslado de esta certificación para su aprobación definitiva por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda permitiendo de esta manera que «obtuviera de manera indebida una subvención de 36.119 euros a cargo de la Administración autonómica que fueron destinados a la rehabilitación de la vivienda».

Durante el juicio, el exregidor declaró que su familiar «cumplía con todos los requisitos necesarios» y que los técnicos avalaron el proceso, si bien la Fiscalía mantuvo su petición de ocho años de inhabilitación para él.



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