Viernes, 15 Diciembre, 2017

            

¿Qué fue de la corrupción urbanística en Granada?

Pedro Vaquero del Pozo


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El 13 de abril la policía nacional detuvo a 17 personas en Granada, entre ellas el alcalde José Torres Hurtado, la concejala y delegada de Urbanismo Isabel Nieto, varios altos funcionarios de la Alcaldía y la Gerencia de Urbanismo, y renombrados promotores y constructores del ámbito local.

Que quien impulsó o consintió la fuerte actuación policial fue no solo la fiscalía sino también la dirección provincial del PP encabezada por Sebastián Pérez, es una hipótesis hoy incuestionable. Dos hechos prueban esta hipótesis:

Primero, el mismo día de la detención el PP provincial pide a su alcalde que dimita. Ni un titubeo, ni la cobertura que han dado a la que ya es ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por ejemplo, que al fin y al cabo es cofundadora y de la cuerda y generación de Rajoy, lo mismo que el propio Torres Hurtado. Este había sido delegado del Gobierno en Andalucía y senador durante una temporada, no era pues ajeno a la dirección nacional del PP. Pero ni Juanma Moreno ni Mariano Rajoy se opusieron a la fulminante propuesta de la dirección provincial. Extraña tanta dureza con Torres en un partido que tanto ha titubeado con Esperanza Aguirre y su cinturón de altos cargos, varios de ellos hoy en la cárcel o procesados por corrupción, o con Francisco Camps, o con las distintas salpicaduras de corrupción que le han surgido al PP a lo largo del mapa hispano.

Segundo, el día que Pepe Torres dimite –y no por gusto-, se lleva por delante a Sebastián Pérez, pues pone ante la dirección nacional como condición que con él dimita el concejal llamado a sucederle en la alcaldía, presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez.

¿Conspiración de su propio partido? Sin duda. Pero este no es el hecho central. A raíz de la detención muchos granadinos declararon que esto se venía venir desde hace muchos años. La sospecha de corrupción urbanística no parte solo de la investigación que había abierto contra la concejala de Urbanismo, sino que se remonta a cuando era factótum del urbanismo y las licencias el anterior director de la Gerencia de Urbanismo, al que el actual equipo de gobierno había sustituido, pero sin que al parecer para que ello sirviera para erradicar las prácticas de favoritismo y presunto comisionismo que es investigado por la policía, y denunciado ante el juez.

¿Por qué nadie denunció estas prácticas irregulares en el urbanismo granadino? Sólo algún constructor o promotor inmobiliario incumplidor como Ávila Rojas han pisado la cárcel durante este período. Pero el rumor es que desde décadas las diferentes direcciones del Ayuntamiento de Granada han consentido o impulsado una gestión consistente en tener uno o varios promotores favoritos con los que turnar las concesiones y licencias urbanísticas. Alguno de los actuales detenidos así lo han confirmado incluso, como JJ Romero. ¿Por qué incluso IU, que cogobernó desde el 99 al 2003, pero que tan férreamente ha ejercido su oposición durante todo el período democrático, no consiguió destapar esta trama? La transparencia no ha sido una característica ni de los gobiernos del PP ni de los del PSOE en la capital granadina. Pero incluso durante los cogobiernos, ni el PSOE ha sido claro con IU, ni ahora el PP lo ha sido con Ciudadanos. El oscurantismo autocrático es una forma de ser muy arraigadas en la vieja política, tantos de los políticos, como de los altos cargos funcionariales, muy celosos de que nadie husmee en sus asuntos (salvo filtración interesada, claro está).

El PP ya es de nuevo oposición en el ayuntamiento de Granada, y le toca gobernar ahora a un PSOE apoyado desde fuera por todos los demás partidos de la oposición (C’s, Podemos e IU). Pero la condición es cambiar el estilo de gobierno, de inaugurar en Granada un modelo de gobierno de verdad democrático, participativo, opuesto a los poderes fácticos externos e internos, que vive ahogado económicamente no solo por la desequilibrada e injusta redistribución fiscal de los ingresos entre las administraciones estatal o comunitarias y las locales, sino por el modelo de gestión local, basado en el despilfarro, la discriminación de los barrios, el clientelismo de proveedores, la carga de privatizaciones como la Rober o Emasagra, la concepción recaudatoria de las multas de tráfico o el IBI, las relaciones laborales sometidas a presiones sindicales excesivamente corporativas que disparan sin sentido los costes de horas extras y otros complementos y dietas, etc.

A dos meses ya de la dimisión de Torres, ¿qué se ha avanzado en el esclarecimiento de la pasada corrupción urbanística en el ayuntamiento de Granada? Es un tema a no olvidar, pues tirada la piedra, la ciudadanía reclama que no se esconda la mano. Los políticos no deben dejarle este tema a la policía y los jueces en exclusiva, sino que deben hacer su propia labor de exigencia de las responsabilidades políticas pasadas que corresponda, y el saneamiento a fondo del área de urbanismo.    

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