Jueves, 14 Diciembre, 2017

            

PP ampliará a representantes políticos de la Junta su denuncia a la Fiscalía por la indemnización al Nevada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a la Junta a pagar 165,6 millones por los perjuicios causados a los promotores del centro comercial

Imagen del Nevada | Foto: Archivo
E.P.


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El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha anunciado que su partido ampliará a representantes políticos la denuncia presentada ante la Fiscalía Superior de Andalucía por la supuesta “negligencia” de la Junta en el proceso judicial en el que la administración autonómica ha sido condenada a indemnizar con 165,6 millones de euros a General de Galerías Comerciales, la promotora del Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), a raíz de que paralizara las obras.

Así lo ha anunciado Pérez en rueda de prensa tras conocer que la Fiscalía Superior ha incoado diligencias de investigación penal para indagar en el asunto a raíz de la denuncia presentada por el PP, en la que se solicita que se investigue la gestión de la Junta en esta causa, después de que sus servicios jurídicos no asistieran a la vista oral que se celebró el 6 de junio de 2016 ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo por ello “proponer ni practicar prueba alguna” contra las pretensiones del promotor.

La idea del PP es denunciar a quienes estuvieran en la Delegación del Gobierno andaluz en Granada, la Consejería competente y en el ámbito de la Presidencia de la Junta durante este proceso judicial, tanto antes como en el momento en que se produjo la incomparecencia, al objeto de reclamar “responsabilidades” por el “quebranto” a las arcas públicas que ha supuesto esta gestión.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Junta a pagar esta indemnización por los perjuicios económicos causados a los promotores del Centro Nevada por la paralización cautelar durante varios años de las obras de esta superficie comercial, cuya construcción también conllevó un proceso penal que supuso entre otras cosas la demolición de 1.457 metros cuadrados del recinto, hoy abierto al público.

El presidente provincial del PP, que ha comparecido junto a la secretaria general del PP-A, Loles López, ha recordado que el promotor ha recurrido la sentencia del TSJA, de modo que la cantidad final que pueden “perder los andaluces” en este asunto podría “estar cerca de los 250 millones de euros” y ha reprochado a la Junta que “no mueva ni un dedo” ni intente negociar con el promotor para evitar rebajar este desembolso.

La previsión es que el gabinete jurídico del PP elabore ahora la relación de representantes políticos de la Junta que pudieron tener competencias en el asunto durante el desarrollo de este proceso judicial y lo traslade a la Fiscalía por considerar que todo lo ocurrido “es muy extraño” y supone un “escándalo de una magnitud brutal” que requiere ser investigado.

En la denuncia presentada la semana pasada, consultada por Europa Press, los ‘populares’ exponen que la incomparecencia de la Junta a esta vista oral, “la falta de ratificación de oposición a la indemnización que se solicitaba, así como la ausencia de proposición de prueba en primera y segunda instancia han dado lugar a que todos los contribuyentes andaluces tengan que soportar el abono de una indemnización de 165.644.282,41 euros”.

Recuerda en este sentido que “hasta el propio TSJA dice –en su sentencia– que no es sostenible que la Administración, asistida por su Gabinete Jurídico, invoque el desconocimiento de la ley para justificar que se le ha generado una indefensión real y efectiva”.

La Junta de Andalucía formalizó hace unos días su recurso ante el Tribunal Supremo, alegando que “actuó siempre en función de sus competencias y en defensa de la legalidad” y que la paralización de las obras del centro comercial “hay que analizarla en el contexto de diez años de procedimientos judiciales complejos y relacionados entre sí”.

General de Galerías Comerciales también ha recurrido con la pretensión de que el Supremo declare de “forma contundente” que los daños producidos a una empresa que realiza una inversión amparada por una licencia ajustada a derecho tienen que resarcirse en la forma y con arreglo a los cálculos económicos que esta entidad acreditó ante los tribunales y que, aunque se ha acogido en su práctica totalidad, ve necesario elevarlos para que la indemnización resarza la totalidad de la lesión producida”.

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