Jueves, 19 Octubre, 2017

            

Juzgan desde hoy a dos exalcaldes de Otura por posible prevaricación

Junto con los exalcaldes, que son concejales no adscritos en la actual corporación, están imputados otras tres personas más: la actual concejal María Dolores Dobaño, y los exediles María Antonia López Bascuñana e Ignacio Pérez Cabrera

(De izq. a dcha.) Ignacio Pérez, Loli Dobaño, Ignacio Fernández, Lola Plata y Pedro Cabanillas


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La Audiencia Provincial de Granada acoge desde este martes y hasta el viernes día 24 el juicio contra los exalcaldes de Otura (Granada) Ignacio Fernández-Sanz y Pedro Cabanillas (PP) por un posible delito continuado de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria en la concesión de unas licencias para una urbanización que aún no había sido terminada ni recepcionada, en contra del criterio de los técnicos.

La vista estaba programada inicialmente para los días 9, 10, 16 y 17 de abril, pero un problema de agenda llevó al tribunal a señalarla finalmente para unas semanas más tarde.

Será en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, después de que el Juzgado de lo Penal 1 de Granada ya condenara a los dos en enero del pasado año a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público junto a otros dos exediles por la compra de un solar para la ampliación del Ayuntamiento, condena que obligó a Cabanillas a presentar su dimisión como alcalde, puesto que ahora ocupa la también ‘popular’ Lola Plata.

Junto con los exalcaldes, que son concejales no adscritos en la actual corporación, están imputados otras tres personas más: la actual concejal María Dolores Dobaño, y los exediles María Antonia López Bascuñana e Ignacio Pérez Cabrera.

Por este asunto, la Fiscalía Provincial pide para Cabanillas dos años de cárcel y 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, unas penas que el Ministerio Público también solicita para los otros ediles, que suscribieron como miembros de la Junta de Gobierno local la operación. El fiscal eleva además las penas para al exalcalde del municipio y actual edil del grupo no adscritos Ignacio Fernández-Sanz al que acusa además de un tercer delito de prevaricación ordinaria continuada, por lo que se enfrenta a 28 años de inhabilitación y dos años de prisión.

Los hechos se remontan al 23 de julio de 2007, cuando Fernández-Sanz y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local adoptaron “unánimemente” un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización en el Plan Parcial Sector 5 de desarrollo de las Normas Subsidiarias, “conscientes, no obstante, de que este proceder era contrario” a la normativa urbanística vigente, puesto que se prohíbe expresamente que se otorgue “sin la previa finalización de las obras”, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Este extremo, según el fiscal, “les había sido advertido por parte de la técnico municipal” en un informe del 18 de julio de 2007 a los concejales y al alcalde, que además, “prescindieron del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad”, pese a que la “omisión” también fue advertida por el secretario.

Del mismo modo, el 1 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno Local “también de forma unánime” votó favorablemente la adopción de tres acuerdos por los que se concedía licencia de ocupación para 46 viviendas en la misma urbanización y “con idénticas infracciones legales”, puesto que no estaban terminadas y las obras no habían sido aún recepcionadas por el Ayuntamiento, se actuó en contra del criterio de la técnico municipal y se prescindió del preceptivo informe jurídico.

La concesionaria de la obra pública de urbanización pidió al Ayuntamiento su recepción parcial, pero el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable que alertaba de “importantes defectos y omisiones”, entre otros aspectos. No obstante, pese a este informe, la Junta de Gobierno, ya el 29 de octubre de 2007, y nuevamente con el voto unánime de todos sus miembros, acordó la recepción de las obras “sin ninguna referencia a su carácter parcial”, condicionándola a que se subsanaran las deficiencias en el plazo de 90 días.

LA DECISIÓN DE FERNÁNDEZ-SANZ

Al transcurrir tan sólo 15 días y en virtud de un escrito de la empresa en el que se afirmaba que las deficiencias habían sido corregidas, el alcalde de Otura tomó la decisión de poner fin al procedimiento, “cualquiera que fuese el estado de las obras de urbanización” y el 14 de noviembre ordenó a la técnico municipal que emitiera informe sobre la subsanación de las deficiencias.

Ésta, que constató que seguían sin presentarse documentos esenciales, volvió a informar en contra de la recepción, pues no se ajustaba a las fases del plan parcial y se incumplían algunas de las condiciones puestas por la Junta de Gobierno Local, pero, pese a esto, el alcalde, “llevado de la determinación de proceder a la recepción total y definitiva de las obras de urbanización aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables”, dictó una resolución en la que dio por subsanadas los defectos y por cumplidas las condiciones señaladas. Ya el 20 de noviembre, a pesar de la nueva reticencia del técnico municipal, firmó el acta de recepción de la totalidad de las obras.

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