Lunes, 29 Mayo, 2017

El PP teme que la Junta esté eliminando orientadores laborales de las administraciones locales

La presidenta de la mancomunidad de Huéscar, Soledad Martínez, ha censurado que “la Junta abandona por completo a los desempleados oscenses al trasladar las competencias del programa ORIENTA a los sindicatos”

Gabinete


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El Partido Popular de Granada ha criticado al Gobierno de la Junta por suprimir “un número importante” de orientadores laborales en la provincia “para continuar subvencionando la partida de los sindicatos de clase, UGT y CCOO”. Así lo han denunciado en rueda de prensa la parlamentaria andaluza Ana Vanessa García, el vicesecretario popular de Granada capital, Juan Antonio Fuentes, y la presidenta de la mancomunidad de municipios de Huéscar, Soledad Martínez.

Ana Vanessa García ha subrayado que la Junta de Andalucía ha recortado en más de un cincuenta por ciento la partida destinada a los orientadores laborales de las administraciones locales “mientras sigue subvencionando con partidas millonarias los que gestionan directamente los sindicatos”. Según los datos que ha hecho públicos el PP, el programa Andalucía ORIENTA dedicará un millón de euros en la provincia a orientadores de administraciones públicas, mientras que a nivel regional seguirá destinado 6,5 millones y 3 millones, respectivamente, para los orientadores de UGT y CCOO.

García ha recordado que mientras que en la pasada convocatoria, hasta abril de 2013, el programa Andalucía Orienta contaba con más de 100 orientadores laborales, para este año se ha reducido el personal a 40 personas, con un contrato de sólo nueve meses y destinados únicamente a diez administraciones locales. A estos recortes, la parlamentaria popular ha añadido que “hace un año el Ejecutivo de la Junta despidió a 140 Agentes Locales de Promoción de Empleo, los famosos “ALPES”, y al 50 por ciento de los trabajadores de las oficinas del SAE”.

“Todo un auténtico tijeretazo a las políticas de empleo de la Junta, para una región y una provincia con niveles de paro inadmisibles”, ha dicho la parlamentaria andaluza.

Sin embargo, el Partido Popular ha denunciado que con el nuevo modelo, el gobierno bipartito “no sólo está reduciendo los fondos destinados a los programas de empleo sino que además está eliminando el control sobre los mismos al ponerlos en manos de los sindicatos”.

El ejemplo más reciente lo ha desvelado la presidenta de la mancomunidad de municipios de Huéscar, Soledad Martínez, quien ha señalado que el Gobierno autonómico ha trasladado, de facto, la gestión del programa orienta de la propia mancomunidad a los sindicatos “ya que la última convocatoria bonifica aquellas instituciones que tengan capacidad de cubrir dicho servicio de manera independiente”. El resultado de este cambio, que es una “absoluta tropelía” según el PP, es que serán cuatro técnicos de la sede en Baza de UGT los que realizarán la orientación tanto para la comarca de Baza como para la de Húescar, “en lugar de técnicos adscritos, como hasta ahora, a la propia mancomunidad”.

“De esta manera”, ha señalado Martínez, “los 17.000 habitantes de la zona de Huéscar van a quedar desatendidos porque UGT se va a centrar en el lugar en el que tiene sede y porque dónde antes había once asesores, ahora sólo habrá cuatro”

Pero el PP llega más lejos: “Al contrario que las administraciones locales que disponen de personal técnico y de órganos de control del uso del dinero público, los sindicatos, como estamos viendo a diario, no se someten a control y sus dirigentes no son los mejores ejemplos de la manera de gastar el dinero de los desempleados” ha dicho Ana Vanessa García quien se ha referido a la información publicada hoy según la cual la Junta de Andalucía pagó a UGT 25.000 euros por un curso que en realidad costaba 7.000.

García ha recordado también que UGT acaba de ver como el ERE que planteó para despedir, precisamente, a orientadores adscritos al programa ha sido anulado por el juez por lo que deberá readmitirlos. “Esperamos”, ha dicho la parlamentaria, “que detrás de esta maniobra que pone en manos de los sindicatos un mayor número de orientadores, no haya una fórmula para pagar esa readmisión”.

GRANADA CAPITAL 

En todo caso, el nuevo modelo del Andalucía ORIENTA va a tener una grave repercusión sobre el número de desempleados que podrán acogerse al mismo. El vicesecretario popular de Granada capital, Juan Antonio Fuentes, ha afirmado que el nuevo modelo “va a suponer que 550 desempleados menos se puedan beneficiar de dicho programa en el año 2013, ya que mientras en el año 2012 se atendió a 2.200 demandantes de empleo durante los 12 meses del año; ahora, en 2013, con el nuevo recorte del Gobierno autonómico, se van a atender a 1.650 personas debido a que la duración de los contratos se han reducido a tan sólo nueve meses”. Es decir, “los ocho orientadores laborales que cumplieron su contrato el 31 de julio van a ser contratados para formar y orientar laboralmente a los parados granadinos solo durante nueve meses en lugar de doce”, ha finalizado Fuentes.

El Partido Popular ha asegurado que si la Reforma de la Administración Local estuviera funcionando, las transferencias de competencias de manera injustificada de una institución a otra e incluso a un sindicato no ocurrirían, “al estar bien diferenciadas y separadas las competencias de cada administración con la clara finalidad de evitar la actual duplicidad de competencias en algunos casos”.

Finalmente, Ana Vanessa García ha señalado que lo que está ocurriendo con el Andalucía ORIENTA es sólo un ejemplo más de la “errática y chapucera” política de empleo de la Junta de Andalucía, “basada más la propaganda y en el mantenimiento de una red clientelar que en su eficacia”.

En ese sentido, la parlamentaria ha recordado que el Plan de Choque por el Empleo que la Junta “presentó a bombo y platillo a finales del pasado año”, sólo ha logrado la contratación temporal de 378 personas y de ellas sólo siete mujeres.

“Y ahora, a pesar de un resultado tan pobre, la Junta anuncia que va a repetirlo en 2014, lo que pone de manifiesto la nula preocupación por las elevadas tasas de paro en Granada y Andalucía”, ha sentenciado Ana Vanessa García.

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