Lunes, 11 Diciembre, 2017

            

Así se desarrollará la nueva Ley de Memoria Democrática

Con un largo camino por delante para ver la luz, la nueva propuesta del gobierno andaluz pretende tomar el relevo de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Jaime Martín / @jmartinreporter


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En la mañana de ayer se dieron a conocer  más detalles del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que impulsa la Junta de Andalucía. En palabras de la delegada del gobierno andaluz, Sandra García, “este anteproyecto sitúa a Andalucía como una comunidad pionera en el desarrollo de políticas para encauzar la deuda con las víctimas de la represión franquista”.

En este sentido, la nueva legislación ampliará el marco de actuación de la ley de Memoria Histórica de 2007 con novedades relativas, por ejemplo, a la consideración de víctima, la protección de fosas comunes o la exhibición de simbología fascista. Del mismo modo, la ley pretende adecuarse a las características de la región: “en Andalucía se cometen el mayor volumen de asesinatos en la guerra civil. Las fosas de 4.000 fusilados no existen en otro punto del Estado”. Lo explicó Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática, quien detalló las novedades que plantea este anteproyecto de ley.

MAYOR RANGO DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN

Entre las principales novedades que plantea la nueva ley se encuentra la intención de crear un censo oficial de víctimas del franquismo en Andalucía. Paralelamente a la creación de este censo se ampliará la definición de víctima: a los asesinados y encarcelados por Franco -los datos de la Junta de Andalucía aluden a más de 60.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión, 12.000 de ellas en Granada- se le sumarán los exiliados republicanos que murieron, por ejemplo, en los campos de concentración nazis. De igual modo se hace mención específica a colectivos que “han estado olvidados”, aclaró Naranjo, como las mujeres reprimidas tras la Guerra Civil, las guerrillas antifranquistas y población castigada por motivos raciales o por orientación sexual, al igual que los niños robados durante la dictadura de Franco.

En concreto, en lo referente a estos delitos por robo de menores, la ley ampliará su marco temporal, abarcando desde la Segunda República hasta la puesta en vigor del Estatuto Andaluz de Autonomía, en 1982. Esta iniciativa viene motivada, según comentó Naranjo, por el motivo “claramente ideológico” que hubo detrás del robo de menores, que se dieron especialmente entre madres del bando republicano.

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Otro capítulo que se desarrolla de manera profusa en el anteproyecto de ley es el relativo al tratamiento de las fosas comunes y los denominados ‘lugares de memoria’. Según los datos ofrecidos por el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia, José Vicente Pérez, en Andalucía existen 620 fosas de las cuales 87 se encuentran en la provincia de Granada. “Es un mapa incompleto, no tenemos datos de la zona del altiplano entre Baza y Huescar”, explicó Pérez, quien adelantóo que se trabajará en la mejora y ampliación de este mapa.

Del mismo modo, se busca facilitar la recuperación de familiares en estas fosas a través de un banco genético que cruzaría el ADN de los parientes vivos con el de los restos encontrados. Este proceso de análisis e investigación de fosas se pretende estandarizar, contando para ello con familiares, asociaciones y representantes públicos, quienes deberán otorgar los oportunos permisos para iniciar, si procede, las exhumaciones. En este punto, Luis Naranjo especificó que las exhumaciones se harán con dinero público, sin perjuicio de quienes deseen financiar los trabajos de exhumación con capital privado, como ya ha ocurrido con anterioridad.

Por otro lado, con la intención de proteger las fosas, la nueva ley establece la obligatoriedad de comunicar al juzgado el hallazgo de restos, previendo sanciones económicas para quienes omitan el aviso. Precisamente en materia de sanciones, la nueva ley prevé tres categorías: leve, grave y muy grave, dependiendo del tipo de delito, que irá desde la exaltación o exhibición de símbolos franquistas, como la bandera preconstitucional, hasta la obstrucción de la investigación en fosas.

En lo referente a las posibles expropiaciones, Naranjo se mostró en la misma línea que el vicepresidente andaluz, Diego Valderas, quien aseguró que serían de carácter excepcional y temporal.

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FOSAS EN GRANADA

Alfacar

Algarinejo 

Alhama de Granada

Alhendín

Cullar Vega

Moclín

Velez de Benaualla

Órgiva

Tocón

Viznar

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LUGARES DE MEMORIA

Al hilo de la protección de lugares de interés histórico también viene reflejado en el anteproyecto de ley el reconocimiento de los 48 lugares de memoria que hay en Andalucía. Un ejemplo en Granada sería el muro del cementerio de la capital o el barranco del carrizal, zonas a las que se les unirían los denominados ‘senderos de la memoria’, que podrían ser un punto de encuentro entre académicos y ciudadanos para profundizar en este periodo histórico. Actualmente ya existe en la provincia de Córdoba uno de estos senderos y la intención de la Junta es crear, “al menos uno”, en cada provincia.

SIMBOLOGÍA FRANQUISTA

Como ya se adelantó, la exhibición de símbolos fascistas será penada con multas que irán desde 200 a 150.000 euros; de la misma manera se exhortará a los ayuntamiento andaluces a retirar cualquier símbolo franquista en un plazo no superior a 18 meses. De no responder a la petición de la administración regional, los ayuntamientos perderían automáticamente las subvenciones previenientes de la Junta de Andalucía, que para el caso de Granada supondría unas pérdidas de 27 millones de euros, aproximadamente.

PRESUPUESTO

Según explicó el director de Memoria Democrática, “todavía es pronto” para hablar de presupuesto para la puesta en marcha de esta ley, aunque sí quiso adelantar que “será una ley baratita”, para cuya aplicación la Junta se servirá de los funcionarios del propio organismo, intentando externalizar lo menos posible las diferentes aplicaciones de la ley. De cualquier manera, Naranjo quiso dejar claro que “los derechos humanos no tienen precio”.

PRIMERAS VALORACIONES DEL PARTIDO POPULAR

A consultas de este medio, el portavoz de Justicia del PP en el Parlamento Andaluz, Juan Ramón Ferreira, realizó ayer una primera valoración sobre el anteproyecto de Ley al que todavía le queda un largo trámite, primero en el Consejo Consultivo y luego en el Parlamento de Andalucía, antes de ver finalmente la luz. Así, Ferreria aseguró que “los andaluces no están para esto, no es el momento. Ahora mismo lo que la gente quiere es que los dirigentes políticos trabajemos para crear empleo”.

De la misma manera, el portavoz de Justicia quiso mencionar unos posibles problemas jurídicos a la hora de aplicar la ley, “aunque todavía es muy, muy pronto para entrar en más detalles”.

Finalmente, Ferreira se mostró convencido de que este anteproyecto de Ley “es una cesión del PSOE andaluz a su socio de gobierno”, IU, tras lo cual el popular afirmó que “la ciudadanía está mirando al futuro” y no quiere volver la vista a los años treinta del pasado siglo.

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