La investigación por el fraude de los cursos de formación deja los primeros detenidos en Granada

Ayer se efectuaron las primeras detenciones en la provincia, concretamente en los municipios de Guadix y Albolote | Granada se convierte así en la tercera provincia, tras Málaga y Almería, en verse salpicada por este fraude

Fraude cursos formación málaga
Actuación policial en el marco del operación Edu en Málaga | Archivo
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En abril de este año se filtraba a los medios de comunicación una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal que ponía de manifiesto un supuesto fraude en la obtención de subvenciones para ofrecer cursos a desempleados. Según las primeras investigaciones, que se habían centrado hasta el momento en la provincia de Málaga, varias decenas de personas podrían estar implicadas en una operación de captación de fondos del Servicio Andaluz de Empleo que no tendrían por destino impartir cursos de formación a los parados, sino el lucro privado. Sin embargo, en la provincia de Granada se efectuaban ayer cuatro detenciones en el marco de la denominada Operación Edu. La tercera provincia bajo sospecha es Almería, donde la fiscalía ya ha pedido SFSDFADF

DETENCIONES EN GUADIX Y ALBOLOTE 

Este nuevo caso de fraude, que viene a sumarse al caso de los ERE irregular, está todavía en las primeras fases de la investigación. Por el momento, las indagaciones del ministerio del Interior tienen como marco temporal los años que van de 2007 a 2013, un lapso de tiempo en el que la Junta de Andalucía dedicó alrededor de 3.000 millones de euros a subvencionar cursos de formación a desempleados. Según han ido detallando fuentes cercanas a la investigación, el fraude podría alcanzar hasta los 40 millones de euros en subvenciones a cursos que, en ocasiones, ni siquiera se llegaron a impartir, tal y como han relatado algunos alumnos interrogados por la policía.

Desde que se diera a conocer esta investigación a mediados del mes de abril, las cifras del número de investigados han ido bailando pero las últimas informaciones ya hablan de que hasta 1.000 beneficiarios de esas subvenciones son sospechosos de haber incurrido en un delito de fraude; serían principalmente las empresas y sus responsables, quienes se habrían embolsado el dinero de las subvenciones sin tan siquiera haber llegado a organizar los cursos.

Así, si hasta ayer era la provincia de Málaga la más afectada por este supuesto fraude que también ha terminado por salpicar a Almería y Granada. En concreto, ayer se detuvieron a dos personas en Guadix y otras dos en Albolote, sin que haya trascendido por el momento su implicación en la supuesta trama, aunque sí se ha revelado, según publicaba ayer Europa Press, que los detenidos serían varios responsables de los centros de formación que habrían subvenciones irregulares, así algunos de los funcionarios responsables de otorgar las ayudas que ahora están bajo sospecha.

UNA INVESTIGACIÓN LARGA 

Por el momento, la información relativa a la provincia de Granada es escasa, aunque sí se sabe que serían varias las entidades responsables de los cursos de formación las implicadas en esta trama. Donde sí se conoce un alcance más o menos próximo del supuesto fraude es en Málaga, en donde 17 empresas de las 20 que obtuvieron subvenciones en 2010 son sospechosas de haber defraudado. De esta manera, hasta el momento la policía ha tomado declaración en la provincia vecina a unas 300 personas relacionadas con los fraudes.

Por su parte, la Cámara de Cuentas de Andalucía transmitió en su momento las "graves" irregularidades en la gestión de los fondos destinados a los cursos de formación, mientras que el Partido Popular pidió una comisión de investigación en el Parlamento Andaluz en el momento en que la supuesta trama fue destapada, sin que prosperara por el rechazo de PSOE e IU.

También la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró "falta de colaboración" por parte de la Junta de Andalucía con la fiscalía de Málaga

En el otro lado, la Junta de Andalucía ha abierto una investigación interna en la que, por el momento, ha analizado algo más de 1.700 expedientes de los cuales, cuatro supondrían un fraude en el uso de las subvenciones a los cursos de formación, según anunció hace algunos días el consejero de Educación, Luciano Alonso.