CSIF Granada muestra su preocupación ante el despido de los interinos del SEPE

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha comunicado esta semana la decisión de prescindir de los 1.500 interinos que se contrataron a nivel nacional –un total de 27 en la provincia de Granada-- para reforzar el organismo ante la avalancha de expedientes generados por la pandemia del Covid-19. En concreto, un total de 1.000 efectivos cesarán entre el próximo 30 de junio y el 30 de septiembre, y los últimos 500 terminarán su relación contractual el 31 de diciembre.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha manifestado su rechazo a esta decisión que supone “prescindir de cerca del 20% de la actual plantilla, lo que pondrá en serio riesgo la viabilidad ante la carga de trabajo que se tendrá que repartir sobre sus espaldas”.

Además, el cese de los primeros 500 efectivos se producirá el día anterior a que se inicie el periodo vacacional de buena parte de la plantilla, con lo que la gestión de las prestaciones en un significativo número de unidades puede verse comprometida.

A lo largo de las últimas semanas, CSIF se ha dirigido de manera reiterada al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para mostrar su profunda preocupación por la continuidad de los interinos en el SEPE, no habiendo recibido respuesta a ninguno de los requerimientos por parte de su directora general.

En este sentido, el sindicato ha censurado además la inacción y la falta de responsabilidad de la propia Ministra de Trabajo, ya que la situación por la que atraviesa el SEPE es tremendamente compleja y delicada: la carencia de recursos humanos en este organismo público es alarmante.

Por todo ello, CSIF plantea la convocatoria de una oferta de empleo pública extraordinaria y específica para paliar el déficit estructural del SEPE a nivel nacional, ya que en los últimos diez años se han perdido cerca de 3.400 efectivos por las políticas de recortes.

Urge una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados, ante la situación de emergencia social por el Covid-19 y la probable evolución negativa del mercado laboral, tal y como apuntan distintos organismos nacionales e internacionales.