El Colegio de Abogados pide “sentido común” ante la reactivación de la actividad judicial

El Real Decreto 537/2020, de 20 de mayo, estipula el alzamiento el próximo 4 de junio de los plazos procesales

Comisión Provincial de Reactivación de la Justicia de Granada
Comisión Provincial de Reactivación de la Justicia de Granada | Europa Press
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El decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, ha abogado este martes por “actuar con sentido común y buena voluntad” de cara a la reactivación de la actividad judicial en el contexto de crisis por el coronavirus, y al hilo del Real Decreto 537/2020, de 20 de mayo, que estipula el alzamiento el próximo 4 de junio de los plazos procesales.

Según ha indicado el Colegio de Abogados en una nota, con él, comenzarán a desarrollarse de nuevo las actuaciones en el ámbito de la Administración de Justicia. Para abordar los criterios generales que regirán este reinicio de la actividad judicial, la Comisión Provincial de Reactivación de la Justicia de Granada ha mantenido este martes una segunda sesión, tras la celebrada el pasado 12 de mayo a instancias del Colegio de Abogados.

El encuentro de las máximas autoridades de Judicatura, Abogacía, Procuradores, Graduados Sociales y Letrados de la Administración de Justicia ha estado presidido en esta ocasión por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, quien ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer unas directrices coherentes para la celebración de juicios y vistas en los próximos meses.

Respecto a este punto, los operadores jurídicos han coincidido en que lo más indicado para agilizar el sistema y evitar nuevas suspensiones que agraven el colapso es mantener los señalamientos que ya estuvieran establecidos e incluir todas aquellas nuevas actuaciones que sean posibles, priorizando los asuntos suspendidos por la declaración del estado de alarma y aquellos que continúen considerándose esenciales y, por tanto, tengan preferencia.

No obstante, los representantes también han insistido en la conveniencia de concentrar todas las actuaciones posibles en julio y septiembre, limitando los días hábiles de agosto para aquellas otras que resulten imprescindibles, dando respuesta así a las demandas del Colegio de Abogados de Granada. Así lo han corroborado los jueces decanos de los partidos judiciales de la provincia, que han asistido también a la reunión de la Comisión, compartiendo su intención de dejar el mes de agosto libre de actuaciones procesales y notificaciones, como viene siendo habitual.

La seguridad de los profesionales ha sido otro de los temas que se han tratado en el encuentro, contando además con un estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el aforo que pueden tener las salas de vistas de la provincia. En este sentido, ante la imposibilidad de habilitar mamparas en todos los espacios, los operadores jurídicos han manifestado la necesidad de potenciar la vía telemática en todos aquellos asuntos en que resulte posible, y apelar a la responsabilidad y sensatez de los diferentes colectivos para adaptarse a la actual situación y poder celebrar juicios y vistas siempre que se respeten las distancias de seguridad y un mínimo de condiciones higiénico-sanitarias.

Leandro Cabrera ha propuesto invitar al delegado de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de la Junta en Granada, Gustavo Rodríguez, para poder trasladarle de primera mano las necesidades en cuanto a material de protección y las incidencias en el funcionamiento del sistema judicial.

Junto a esto, la Comisión de Reactivación de la Justicia de Granada también se ha referido a la culminación del Protocolo de conformidades entre Abogacía y Fiscalía y su pronta aplicación; la coordinación de agendas de Judicatura, Fiscalía y LAJ para diseñar un calendario que asegure la disponibilidad de estos profesionales; la puesta en marcha de un correo electrónico para enviar consultas a los juzgados y tribunales y un futuro sistema de cita previa; la importancia de impulsar la aplicación Aurea para la mejora de la calidad en las actuaciones telemáticas y el acceso remoto del personal de Justicia a sus escritorios; y la exigencia al Gobierno autonómico de que garantice los medios técnicos suficientes para acometer el teletrabajo y la celebración de juicios y vistas por videoconferencia.







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