CCOO denuncia la “ilegalidad” de los ratios escolares para el próximo curso

La programación educativa se está llevando a cabo en base a 28 alumnos en Infantil y Primaria, y a 33 en Secundaria

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El análisis se ha elaborado en más de 40 centros educativos de educación Infantil, Primaria y Secundaria de la provincia | Foto: Archivo
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Un estudio elaborado por CCOO Enseñanza sobre unidades educativas ha revelado que la planificación educativa para el próximo curso escolar se sigue haciendo con ratios superiores al máximo legal y con aulas masificadas.

El análisis elaborado en más de 40 centros educativos de educación Infantil, Primaria y Secundaria de la provincia, ha expuesto que esta programación educativa se está llevando a cabo en base a 28 alumnos y alumnas en Infantil y Primaria, y a 33 en Secundaria.

“Estas cifras son ilegales, de acuerdo a la Ley de Educación de Andalucía que indica claramente que la escolarización máxima en esos niveles es de 25 y 30 estudiantes por unidad, respectivamente”, ha explicado la secretaria general de CCOO Enseñanza Granada, Mercedes González, que además ha matizado que se trata de unas cifras que “tan solo se pueden superar en circunstancias de traslado de domicilio familiar fuera del periodo de escolarización, lo cual se salta a la torera el actual gobierno de la Junta de Andalucía y nuestra delegación de Granada”.

Según los datos recopilados por CCOO Educación, se siguen perdiendo unidades de Educación Infantil y Primaria, “aunque este año el recorte no llega a Secundaria”, pues la bajada de natalidad a partir de 2009 provocada por la crisis económica ha repercutido en “una pérdida brutal de líneas en la red de centros públicos en los últimos años”, ha seguido explicando González.

“Mientras nos venden la libre elección de centro por parte de las familias en la enseñanza concertada, en la pública hacen recuento del alumnado de una zona y limitan el número de unidades de manera que les salgan todas a una ratio de 28 si es posible, sin garantizar suficientes plazas en los colegios públicos para atender esa demanda”, ha asegurado la representante sindical.

Por ese motivo, el sindicato también denuncia que esta política obliga a las familias a elegir concertada, aunque prefieran enseñanza pública. “Pues si por falta de oferta de unidades, una familia no tiene garantizada una plaza en el centro público más cercano a su domicilio, sabe que derivarán su petición a otro más lejano”, ha esgrimido González.

Esta supresión de unidades afecta especialmente a Granada capital, donde se puede derivar al alumnado que ha solicitado un centro a otro diferente de la misma zona, que puede quedar muy lejos del domicilio familiar. “Es el caso del CEIP Sierra Elvira, CEIP Mariana Pineda y CEIP Vicente Aleixandre, todos contando con una unidad menos de educación Infantil de 3 años, con respecto al pasado curso”, ha ejemplificado la secretaria general de CCOO Enseñanza.

“No olvidemos que ya llueve sobre mojado, la mayoría de los colegios públicos de Granada y su Área Metropolitana, a día de hoy cuentan con una línea completa menos que en 2008”, ha continuado aportando datos González.

En su análisis, desde CCOO se califica esta política de recortes como “ilegal” y se afirma que con ella “se perjudica la calidad de la educación, ya que las aulas siguen masificadas por principio, dificultando una atención más individualizada para los niños y niñas”.

Para González la situación radica en una bajada de ratios desde los cursos inferiores hacia arriba, recuperando líneas perdidas y manteniendo el aumento de plantilla que se ha hecho con el COVID-19 para consolidar las unidades a 20 alumnos y alumnas por aula en Infantil y Primaria y 25 máximo en Secundaria.







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