El Ayuntamiento exige al Gobierno que reformule los requisitos para acceder al IMV

El concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, ha hecho esta mañana un llamamiento al Gobierno de España para que “recapacite y rectifique a la mayor brevedad el grave error de exigir como requisito a los potenciales perceptores de IMV un certificado firmado por los trabajadores sociales que tramitan dichos expedientes y que dichos empleados municipales no pueden atender por no estar habilitados para ello”.

En sus palabras “al sobre esfuerzo y extraordinaria labor realizada por estos empleados municipales desde que estallara la pandemia -sin que el ejecutivo haya dotado a los ayuntamientos de mas recursos humanos-, se suma ahora esta obligación imposible de cumplir legalmente que además, pone al colectivo en una tesitura moral difícil para con las familias más vulnerables”.

José Antonio Huertas ha tildado de “completo fracaso” que “en los nueve meses desde que "vendieron" a bombo y platillo esta prestación, sólo han resuelto un 20% de solicitudes presentadas y, de ellas, sólo las han percibido realmente 80 de cada 1.000 peticionarios, es decir un triste y penoso 8%”.

También ha asegurado que está en contacto con el Colegio de Trabajadores Sociales “y estos a su vez con el consejo general de trabajo social para exigir que se anule esta condición” y ha pedido a Diputaciones y Ayuntamientos que se sumen a la reclamación, pues “nada hay más negligente que crear expectativas y no cumplirlas, mas aún cuando se trata de recursos para la supervivencia y subsistencia de personas necesitadas”

Huertas ha explicado que “esta nueva exigencia, -que es ya la cuarta modificación en nueve meses de aquel decreto inicial de IMV-; viene sólo a entorpecer y a hacer más difícil aún la tramitación de una ayuda necesaria para paliar los efectos de la crisis en los más vulnerables”.

“No les están pidiendo una declaración responsable, sino un certificado que no pueden dar porque no es su competencia hacerlo –sólo certifican los secretarios generales de los ayuntamientos-; y además, caso de poder hacerlo, estarían avalando realidades que es imposible que puedan garantizar sin los datos pertinentes”, ha afirmado. Es el cas del domicilio real del solicitante cuando este no vive en el inmueble que figura en el padrón; o la garantía de inexistencia de vínculos o lazos de parentesco entre solicitantes convivientes en el mismo domicilio.