Sábado, 27 Mayo, 2017

Stop desahucios no se amilana ante la ‘ley mordaza’

Primera concentración en Granada de la plataforma desde la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, una nueva realidad que plantea interrogantes a su actividad

Miembros de Stop Desahucios sostienen cartel reivindicativo | Foto: Pablo Núñez


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“Igual”. Así de escueta pero contundente se manifestaba una representante de Stop Desahucios esta mañana en la plaza Isabel La Católica ante el futuro que se le plantea a la plataforma tras la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Una ley que en su artículo 35 considera infracción grave “Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.”

Vienen a la mente entonces las muchas imágenes de activistas de Stop Desahucios o de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tratando impedir la ejecución de un lanzamiento. Acciones como esta, el pan de cada día de la plataforma, se encuentran ahora bajo la amenaza de una sanción que puede oscilar entre los 601 y los 30.000 euros.

EL PAN PARA HOY

Hoy 2 de julio le tocaba a Cristina. Divorciada de cuarenta y dos años y con dos hijas de 4 y 2 años, Cristina acude arropada al Banco Sabadell para solicitar una solución que evite la subasta de su vivienda, prevista para el próximo 12 de julio. Cristina además trabaja a 60 kilómetros de casa, y entre gastos de combustible y mantenimiento del vehículo, le quedan apenas 700 euros para pagar hipoteca y manutención de sus hijas, lo que le ha llevado al impago de la hipoteca. Recibe dinero de su exmarido para manutención de las hijas, aunque “no siempre”, según asegura quien le acompaña de la plataforma y cuenta su historia a los medios.

La solución que pide pasa porque el Banco “aplique el código de buenas prácticas” y acepte la reestructuración de la deuda, cifrada en 170.000 euros, para fijar un alquiler social durante cinco años que le permitan sacar la cabeza. El banco le propone que tras la enajenación del bien inmueble ella pida otra hipoteca por el valor actual de la vivienda, de unos 60.000 euros. Una hipótesis que parece poco probable dado el historial bancario del que hoy se escribe otro capítulo.

SIN MIEDO

Historias como esta no serán las últimas porque según cuentan desde la plataforma, “ellos tendrán la legalidad, la justicia es nuestra”. No tienen miedo a la sanción económica porque “si nos lo han quitado todo, el miedo también es suyo”.

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