Martes, 17 Octubre, 2017

            

Sanidad acuerda el reparto de 75 millones de euros para servicios sociales, un 27% más que en 2015

La cuantía de plan de Familia se repartirá atendiendo a la tasa y el volumen de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en cada comunidad autónoma

Foto: E.P.
E.P.


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El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, y la secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales, Susana Camarero, han acordado este miércoles con las comunidades autónomas el reparto de 75 millones de euros para programas de atención social, un 27% más que el año pasado, de los que el importe mayor se engloban en el Plan de Apoyo a la Familia y la Infancia.

Es la principal conclusión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, durante el que se han consignado 48 millones para el citado plan de Familia, un 50% más que en 2015, que se repartirán atendiendo a la tasa y el volumen de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en cada comunidad autónoma.

Otros 27,4 millones de euros se han destinado a cofinanciar el Plan Concertado de Servicios Sociales, que mantiene así la misma cuantía que el año pasado, y 412.500 euros para el Plan de Desarrollo Gitano, que complementarán las autonomías aportando al menos dos tercios del importe recibido.

“Se está haciendo un gran esfuerzo en el incremento del gasto social en nuestro país”, ha afirmado Alonso, para asegurar después que los 2.000 millones que está previsto recortar de gasto público para alcanzar los objetivos de défict “no afectarán a estas partidas ni a gasto social”. “Tenemos esas garantías”, ha sentenciado.

Durante el encuentro, el ministro en funciones ha avanzado a las comunidades que la convocatoria de subvenciones para ONG de acción social con cargo a la recaudación de la casilla solidaria del IRPF se publicará la primera semana de mayo y alcanzará la cuantía de 235 millones de euros porque “dos millones más de contribuyentes marcaron esta casilla”. Además, incluye cuatro millones de euros que son las tres cuartas partes de las herencias que por falta de beneficiario, ha cobrado el Estado durante el año pasado.

Por otra parte, se ha dado luz verde a la celebración en Huesca a partir del 24 de noviembre del Congreso Estatal de Voluntariado con el lema “La magia del Voluntariado”. El relevo lo pondrá Andalucía, que organizará el evento en 2017, según ha avanzado el ministro en funciones.

Aunque no estaba en el orden del día, durante la Conferencia se ha abordado asimismo la Ley de Dependencia, puesta sobre la mesa por distintos consejeros autonómicos en la sección de ruegos y preguntas. Según ha dicho Alonso, evaluar la ley “es la gran tarea de la Legislatura, pero parece que no arranca sino que termina y mientras tanto, se seguirá trabajando en ello”.

“Hemos conseguido que la ley se despliegue al 100%, que era nuestra gran dificultad con la situación que nos encontramos, de deuda, de impagos a la seguridad social… Se ha hecho mucho trabajo para que el sistema pudiera sobrevivir”, ha asegurado el ministro, quien se ha mostrado de nuevo partidario de un pacto de Estado que blinde esta normativa.

NO SE HABLA DE DEPENDENCIA

Para los gobiernos de las comunidades del PSOE la conferencia ha sido “decepcionante” porque no ha abordado la Ley de Dependencia, su financiación, los retos de la incorporación de moderados al sistema y la necesidad de un plan de infraestructuras y de una evaluación, asuntos que no constaban en el orden del día y que consejeros como los de Aragón, Extremadura y Baleares han introducido en ruegos y preguntas.

“Me voy decepcionada porque un consejo territorial de servicios sociales y dependencia no hemos hablado de la financiación, el problema que se debería haber debatido, por un lado, porque al final lo que recibimos del Estado es el 19% y el 81% lo aporta la comunidad autónoma y, por otro, por la incorporación de los dependientes moderados”, ha afirmado.

Para la consejera de Baleares, Fina Santiago, “el derecho a ser atendido en dependencia es igual a sanidad o educación y no se está produciendo”. “Tenemos un problema de financiación y también de infraestructuras, en 20 años entra el boom de los 50 y los 60 y todo lo que sean infraestructuras es necesario”, ha sentenciado.

También han puesto sobre la mesa la reivindicación de un sistema que permita formar y evaluar a los profesionales que trabajan con personas en situación de dependencia para que obtengan la acreditación que es prescriptiva. “Si no lo van a hacer a nivel nacional que nos transfieran los fondos para hacerlo a nivel autonómico”, han dicho tanto el extremeño José María Vergeles como la aragonesa Victoria Broto en una pausa de la reunión.

Sobre este asunto, el consejero de servicios sociales de la comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, ha asegurado que “todas las comunidades trabajan ya en grupos de trabajo” y falta que se pongan de acuerdo en un modelo, porque en todo caso, el sistema debe ser homogéneo. Además, ha rechazado las críticas por no tener la financiación de la Dependencja como tema ya que, según ha dicho, “fueron las comunidades las que retiraron ese punto del orden del día y no las del PP”.

“Cada vez tenemos más financiación, cada vez atendemos a más dependientes y poco a poco vamos mejorando. Todavía no están atendidos todos pero el camino y la senda es la adecuada”, ha zanjado.

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