Miércoles, 29 Marzo, 2017

Piden cárcel para un promotor y un arquitecto municipal por estafa y delito urbanístico

Agencia


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La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de entre un año y medio y cuatro años de cárcel para un promotor inmobiliario y para el arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra (Granada) por una operación relacionada con la venta de unos apartamentos turísticos sin tener en funcionamiento los suministros de agua y luz.

Al promotor inmobiliario, Pedro F.A., el fiscal le atribuye inicialmente un delito de estafa agravada, por el que se enfrenta a cuatro años de prisión y multa de 9.900 euros, y al arquitecto, José A.M.T., un delito contra la ordenación del territorio, por el que hace frente a un año y medio de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público como arquitecto municipal por tiempo de nueve años. Los dos serán juzgados los días 18, 19 y 20 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, el procesado Pedro F.A., actuando como representante legal de la mercantil Proturex S.L., promovió durante el año 2003 la construcción de un complejo de apartamentos turísticos en la localidad.

Con “perfecto conocimiento” de que las viviendas edificadas “carecían” de los servicios básicos de suministro ordinario de agua y luz, que impedían que los inmuebles pudieran destinarse al fin convenido, y “guiado por el propósito de obtener un beneficio ilícito”, el promotor “ocultó” esas deficiencias a los adquirientes, y procedió a la venta y posterior entrega de 44 viviendas durante el año 2005.

Por parte del entonces alcalde de la localidad, Manuel Martín Rodríguez (PA), se concedió licencia para las viviendas, al amparo del informe realizado por el otro procesado, José A.M.T., en su calidad de arquitecto municipal, quien, mediante escrito de fecha 14 de abril de 2005 informó de forma favorable esa concesión.

Sin embargo, según el fiscal, tenía “perfecto conocimiento” de que los apartamentos no disponían de los elementos necesarios para habilitarse al uso pretendido, y que los suministros de agua y energía eléctrica no se encontraban en condiciones de funcionamiento, “contraviniendo la legislación vigente”, y facilitando de esa manera la “defraudación” al otorgar “apariencia de legalidad” a los apartamentos enajenados.

La realización de las obras de instalación de la red eléctrica de baja tensión fueron finalmente realizadas y costeadas por los propietarios perjudicados en el año 2008, con un coste total de 43.358,6 euros.

Según la Fiscalía, como consecuencia de los hechos un total de siete perjudicados y la Comunidad de Propietarios de El Olivo de la Cañada del Golco han sufrido un “detrimento patrimonial” valorado en 197.070 euros.

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