Organizaciones LGTBI andaluzas piden a candidatos a la presidencia de la Junta compromiso para impulsar políticas de diversidad sexual

Entre las demandas que se plantean se encuentran la creación de la Dirección General de Diversidad Sexual y el desarrollo de la Ley para garantizar la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI

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Imagen del día del orgullo LGTBI en Granada | Foto: Nacho Santana
Gabinete
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Las organizaciones LGTBI andaluzas Adriano Antinoo (Andalucía), AlmensIRIS (Almensilla), Amare (Puerto Real), DeFrente (Sevilla), Gaylespol (Andalucía), Juntos por la Igualdad (Andalucía), Libres (Puerto de Santa María), Mariliendres (Punta Umbría), Ojalá (Málaga) y Togayther (Andalucía), ante las elecciones andaluzas previstas para el próximo día 2 de diciembre de 2018, piden a los y las candidatas a la presidencia de la Junta de Andalucía su compromiso para impulsar las políticas en defensa de las personas homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales, trans, intersexuales y sus familias en la próxima legislatura.

"Los avances legales alcanzados en los últimos años en nuestra Comunidad Autónoma, que exploran al máximo su techo competencial con normas como la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía y la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, no debe ocultar que sigue habiendo graves situaciones de acoso, discriminación y maltrato a decenas de miles de personas LGTBI y sus familias", señalan en una nota conjunta emitida por las asociaciones.

Por ello, además de solicitar el desarrollo de ambas leyes, las organizaciones LGTBI solicitan también la creación de un instrumento administrativo que permita su implementación y seguimiento, ya que la existencia hasta ahora de una coordinación en el seno de la Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado, adscrita a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, es "completamente insuficiente para atender las necesidades de la población LGTBI andaluza", según indican.

Además, las entidades andaluzas, exigen un mayor esfuerzo de formación de los actores judiciales (jueces, fiscales y abogados), cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), así como campañas ciudadanas de difusión y sensibilización, para luchar contra los crímenes de odio que aumentan día a día, afectando cada vez más a personas LGTBI en nuestra comunidad.

Asimismo, subrayan la importancia de la aprobación de la Ley Integral LGTBI estatal y de la modificación de la Ley 3/2007, que "llevan demasiado tiempo enquistadas", para que todas las personas LGTBI puedan verse amparadas legislativamente con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan. Por ello piden que trasladen a sus respectivos grupos parlamentarios en Madrid la necesidad de llegar a los acuerdos necesarios para que ambas leyes se hagan realidad en los próximos meses.







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