Domingo, 28 Mayo, 2017

Los populares Granados y Robles dicen al juez que no quisieron injuriar a la diputada del PSOE sino “hacer oposición”



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Los diputados provinciales del PP de Granada Antonio Granados y José Antonio Robles, acusados de calumnias e injurias por la ex eurodiputada socialista Francisca Pleguezuelos, han declarado hoy ante el juez que no pretendieron injuriarle y que se limitaron a hacer su labor de oposición.

La querella de Pleguezuelos se produjo a raíz de unas declaraciones realizadas en sendas ruedas de prensa por ambos cargos públicos, que insinuaron que durante el gobierno del PSOE en Granada cargos socialistas accedieron a pisos de protección oficial en bloques construidos por Emuvyssa, la empresa municipal de vivienda.

Granados, portavoz del grupo del PP de la Diputación por aquel entonces, ha enmarcado aquellas manifestaciones, que realizó en periodo de precampaña electoral -febrero de 2008-, en su papel de “velar por la transparencia y fiscalizar la labor del gobierno”.

En su declaración en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, Granados ha dicho que nunca cuestionó si la adjudicación fue ilícita o no, sino que se limitó a pedir una investigación para aclarar si era cierta esa información que le había llegado y que hizo pública.

Solicitó esa investigación, ha dicho, después de que a raíz de la publicación de los bienes de cargos públicos, el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler (PSOE), le censurara por no haber declarado una VPO que habría obtenido de una promoción de Visogsa, la empresa de la vivienda dependiente de la institución provincial.

“Si el PSOE, que gobierna en la provincia desde los últimos 30 años, dejó caer la posibilidad de irregularidades en Visogsa, igual también las habían cometido en Emuvyssa durante el tiempo que gobernaron en el Ayuntamiento, por eso pedí que se investigaran todas las adjudicaciones en la etapa del gobierno socialista, sin entrar a valorar si hubo o no irregularidades”, ha dicho.

Sobre el hecho de que el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento, Juan Antonio Mérida (PP), le contradijera días después asegurando que las viviendas en cuestión eran de renta libre y no protegidas, ha señalado que nunca dijo si eran libres o VPO.

Por su parte, el actual portavoz del grupo del PP en la Diputación, José Antonio Robles, ha señalado que nunca tuvo intención de injuriar a Pleguezuelos, y que disponía de documentación que certificaba que los precios de las casas en cuestión eran inferiores a los de otra promoción de Emuvyssa que se pusieron a la venta un año anterior.

“Yo dije que miembros del consejo de administración -de Emuvyssa- proponían los precios y compraban las casas”, ha declarado.

El PP también insinuó que la ahora directora de Cetursa, María José López, pudo incurrir entonces en tráfico de influencias e información privilegiada para obtener viviendas en aquella promoción de Bola de Oro, que los populares denominaban “la Rusia chica”.

López, que cuando el PP hizo esas insinuaciones era consejera de Justicia, no llegó a querellarse porque zanjó el asunto en un acto de conciliación, y aunque hoy estaba citada como testigo no ha llegado a declarar porque las partes han renunciado a ello.

Por su parte, Pleguezuelos ha declarado que lo que compró fue una vivienda libre y que eso forma parte de su vida privada, y ha asegurado que como consecuencia de las insinuaciones tuvo que tomar calmantes y su imagen pública se ha visto deteriorada.

En el juicio también han declarado en calidad de testigos una hermana de Pleguezuelos, que según el PP también se había hecho con una de las viviendas, y tres periodistas que se hicieron eco de las manifestaciones públicas de Granados y Robles y que han ratificado lo publicado y asegurado que nadie les pidió una rectificación.

Pleguezuelos pide para Granados 18 meses de cárcel por un delito de calumnias con publicidad y multa de 12.600 euros por otro de injurias, y para Robles la misma multa y dos años de cárcel por un delito continuado de calumnias con publicidad -si en lugar de un delito continuado se consideran dos delitos, 18 meses de cárcel por cada uno de ellos-.

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