Sábado, 22 Julio, 2017

            

Los populares denuncian que el gobierno andaluz vendan un proyecto sin planficación

Denuncian que la nueva Oficinal Judicial y Fiscal de Andalucía ha provocado el rechazo sindical

Gabinete


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El Partido Popular ha criticado que la implantación de la Nueva Oficina Judicial de Justicia aprobada por el Consejo de Gobierno y vendida “a bombo y platillo” por la Junta de Andalucía, es en realidad “un proyecto virtual”, que se va a desarrollar como prueba piloto en Vélez Málaga y en El Ejido exclusivamente. Así lo ha criticado el portavoz de Justicia del PP en el Parlamento de Andalucía, Juan Ramón Ferrerira.

El Partido Popular ha reseñado que “a prirori tanto los ciudadanos como los trabajadores y el sector de la justicia podrían estar de acuerdo con la música del proyecto, aunque no con la letra planteada por la Junta”. A juicio de Ferreira, “resulta paradójico que mientras el consejero del ramo, Emilio de Llera, califica el proyecto como pionero, revolucionario e innovador, para los sindicatos y profesionales sea un proyecto propagandístico y que ataca a los trabajadores”.

En este sentido, Ferreira ha recordado que “hace diez años la consejera de Justicia, María José López, ya denominó este proyecto como pionero”. Por eso, el dirigente del PP ha censurado que “después de diez años perdidos y de mala gestión, ahora vuelvan a rescatar del baúl de los recuerdos, un proyecto que nos venden como novedoso cuando en realidad la nueva Oficina Judicial de Andalucía se ha hecho sin presupuesto, sin planificación y sin consenso con los sindicatos de funcionarios y trabajadores de la administración de justicia”.

Por otro lado, el Partido Popular ha señalado que el presupuesto para el año 2014 de la Consejería de Justicia para obras de oficina judicial es de 70.000 euros. “¿Qué actuaciones y transformaciones de la oficina judicial andaluza se puede hacer con ese dinero?”, se ha preguntado Ferreira.

Ante esta situación, Ferreira ha reseñado que el STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) ha planteado en el TSJA un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión de la entrada en vigor del decreto de la nueva Oficina Judicial y Fiscal “al considerar que se han incumplido las normas de negociación con los trabajadores”. Además, el portavoz de Justicia ha afirmado que “se han producido concentraciones y encierros en algunas ciudades andaluzas”.

Y es que, Juan Ramón Ferreira ha recordado que “el alquiler del edificio de las secciones civiles de la audiencia provincial de Granada, ubicado en la Plaza Poeta Luís Rosales, cuesta 1.000 euros al día, mientras tenemos en propiedad el edificio de La Caleta con cuatro plantas cerradas a cal y canto”. “Un claro ejemplo que pone de manifiesto la nefasta gestión del Ejecutivo autonómico en infraestructuras judiciales”, ha sentenciado.

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