Miércoles, 18 Octubre, 2017

            

Las instituciones siguen luchando contra la competencia desleal en el alojamiento turístico de Granada

Se estima que hay 6.000 viviendas ilegales con fines turísticos, de las cuales 1.037 se han regularizado en los últimos nueve meses gracias al decreto que se firmó para detener estas actuaciones

Trinitario Betoret atiende a los medios de comunicación | Foto: D. S-G. / GD
Daniel Sánchez-Garrido @Danisgr


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La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha celebrado en la mañana de este martes por cuarto año consecutivo la reunión contra la competencia desleal en la que están representadas las instituciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret, atendió a los medios de comunicación durante el transcurso de esta mesa. Su discurso, en general, se apreció más optimista que hace un año. “Tratamos de aunar esfuerzos con el objetivo de paliar los impactos negativos que se generan en el ámbito del alojamiento y también en otras actividades alegales o ilegales por parte de personas o empresas que se dedican a estas actividades que están fuera de la normativa”.

DECRETO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

Mucho que ver tiene el decreto que se promulgó en mayo del pasado año para luchar contra estas viviendas que eran alegales y se utilizan para fines turísticos, y que se sitúan en la capital granadina, sobre todo, en el Albaicín y en el Centro.

A partir del nacimiento de dicho decreto, estas viviendas pasaron a ser ilegales. “El decreto es un instrumento para que la administración pueda entrar frente a este tipo de actuaciones. Antes no se podía ir contra los propietarios o las empresas que reúnen en su ámbito de actuación varios apartamentos para poner este negocio, que al final es una actividad económica en el ámbito de la comercialización general que se mueven los hoteles”.

Asimismo, sobre el decreto, Betoret añadió: “Era importante tenerlo, permite que la inspección puede trabajar, es un instrumento que va a permitir que se le dé la consideración de actividad económica, por lo que ya no sólo Turismo interviene, también lo hace la agencia tributaria, inspección del trabajo, seguridad social… y sobre todo, como se tiene la obligación de dar parte a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también hay sanciones administrativas” -las cuales oscilan entre 3.000 y 180.000 euros como máximo-. El presidente de los hosteleros sigue: “Todo esto hará que la gente se piense muy seriamente, si es que quiere dedicarse a esta actividad, que juegue con las mismas reglas, que es lo que demandamos desde hace mucho tiempo”.

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

Betoret quiso agradecer a todas las instituciones presentes en la mesa contra la competencia desleal, con presencia de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Subdelegación de Gobierno -por primera vez-, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo e Inspección de la Seguridad Social. En este sentido, Betoret quiso llamar a la colaboración, la cual considera que es “fundamental” así como “trabajar todos en la misma línea y persiguiendo el mismo objetivo”.

LAS CIFRAS

El delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Granada, Guillermo Quero, también estuvo presente en esta reunión. Él fue el encargado de dar las cifras que se manejan tras la aparición del decreto y la necesidad de regularizar la situación de estas viviendas.

En concreto, son 1.527 las viviendas que han iniciado el trámite para pasar a situación legal. 1.037 de estas viviendas se han regularizado y están inscritas con el código de turismo. Hay 237 a la espera de hacer esa inscripción y las 300 restantes no han sido admitidas por diferentes motivos, según palabras de Quero, que ha añadido: “La labor de la inspección que hace la delegación es cotejar que la vivienda cumple con lo que se exige, junto con una labor permanente de rastrear a través de internet muchas de esas viviendas que se puedan estar comercializando y no tengan registro como tal”.

La competencia desleal en el ámbito del alojamiento va disminuyendo poco a poco, aunque aún queda mucho camino por recorrer.

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