Miércoles, 29 Marzo, 2017

La Junta destina en 2016 más de nueve millones en subvenciones individuales y a colectivos de personas con discapacidad

Sánchez Rubio informa en el Parlamento andaluz sobre la política general del Ejecutivo autonómico en materia de discapacidad

Sánchez Rubio habla ante los medios | Foto: Archivo GD
E.P.


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La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destina en 2016 más de nueve millones de euros en subvenciones individuales (362.161 euros) y a colectivos de personas con discapacidad (8.704.540 euros) correspondientes a la convocatoria de este año aprobada recientemente, según ha informado la consejera del departamento, María José Sánchez Rubio, en el Pleno de este jueves del Parlamento.

Durante una interpelación relativa a política general en materia de discapacidad, Sánchez Rubio ha subrayado el “compromiso y apoyo” del Ejecutivo autonómico con el movimiento asociativo, que realizan una “muy importante y necesaria labor” de apoyo y defensa de los intereses tanto de las personas con discapacidad como de sus familiares. “Si nos fijamos en los servicios que prestan las asociaciones, está más que demostrada la calidad humana y la especialización que los caracteriza”, ha destacado la consejera.

Además, según una nota de prensa, la responsable de las políticas sociales en Andalucía ha resaltado que “frente a la desigualdad y discriminación, en nuestra comunidad en ningún momento ha habido retroceso en las políticas dirigidas a las personas con discapacidad. Desarrollamos medidas de acción positiva a través de la elaboración de normas, criterios y prácticas más favorables a las personas con discapacidad haciendo más reales y efectivos los principios de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”.

La consejera ha detallado durante su intervención algunas de las medidas puestas en marcha como el I Plan andaluz de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia (2016-2020) o el Pacto Andaluz por la Accesibilidad.

En palabras de la consejera, “esta legislatura será, sin duda, la legislatura de la consolidación y el avance en los derechos de las personas con discapacidad, con la aprobación de dos textos legislativos fundamentales: la ley de Servicios Sociales de Andalucía, actualmente en fase parlamentaria, y la ley de los derechos y la atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía que presentaremos en este Parlamento próximamente y que sustituirá a la Ley 1/1999”.

“Una ley que nos compromete a disponer de planes de empleabilidad para las personas con discapacidad y de acción integral; que nos compromete a mejorar los servicios de asistencia personal, a disponer de viviendas para la promoción de la autonomía personal o a atender a aquellos jóvenes con discapacidad cuando al cumplir los 18 años salen del sistema de protección de menores”, añade.

En materia de empleo, Sánchez Rubio ha informado que existen un total de 476 Centros Especiales de Empleo y se han beneficiado más de 10.500 personas con discapacidad. Además, se ha publicado la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convoca para el año 2016 la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. La inversión para este año asciende a 24 millones de euros, y alcanzará lo 40 millones en 2017.

La consejera también ha avanzado el futuro I Plan Andaluz de Atención Integral a menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, para el periodo 2016-2020.

CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha subrayado también la función social que se desempeña en los nueve Centros de Valoración y Orientación, dependientes de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, órganos encargados de valorar, orientar, informar y asesorar a las personas con discapacidad. Asimismo, son los responsables de emitir los certificados de grado de discapacidad y los dictámenes técnicos facultativos.

El reconocimiento oficial de la discapacidad les posibilita a las personas con discapacidad a acceder a medidas de acción positiva tales como beneficios fiscales, tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, pensiones no contributivas, beneficios en la contratación, reserva de plazas en el sistema educativo, en las Ofertas Públicas de empleo, “que recordemos, está fijada en un 7% para el conjunto de las personas con discapacidad, del que un 2% se reserva a las personas con discapacidad intelectual”, ha informado la consejera.

Por ejemplo, un total de 101.559 personas se han beneficiado de las pensiones no contributivas, destinando la Junta de Andalucía más de 12,2 millones de euros al complemento extraordinario. El Ejecutivo andaluz también ha abonado más de 5,7 millones al complemento extraordinario de las Ayudas asistenciales por enfermedad o ancianidad (FAS) y a Prestaciones Sociales para Personas con Discapacidad (P.S.P.D. anteriormente denominada Lismi), de las que se han beneficiado más de 5.500 personas. Por tanto, el Gobierno andaluz ha invertido más de 18 millones de euros en complementos de ayudas.

Por otra parte, Sánchez Rubio ha hecho mención especial durante su intervención sobre las medidas desarrolladas para niñas y mujeres con discapacidad, como las consultas ginecológicas adaptadas de referencia o que las mujeres con discapacidad están presentes en el Consejo andaluz de participación de las mujeres.

En cuanto a las políticas educativas para menores con discapacidad, Sánchez Rubio ha explicado que “desde Andalucía se promueve la normalización, inclusión escolar, y de hecho, más del 90% de la población escolar con necesidades especiales está escolarizada en centros ordinarios (56.500 niños y niñas), siendo el porcentaje restante atendido en los 59 centros educativos de los que dispone la red de centros de educación especial sostenidos con fondos públicos”.

Por último, la consejera ha defendido que “las personas con discapacidad han de decidir por sí mismas y tener oportunidad de elegir las cosas que quieren, cómo quieren que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar donde vivir y las personas con las que estar”.

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