Jueves, 23 Marzo, 2017

La Generalitat gestionó 11 millones de euros de pensiones de niños tutelados en 2015

Bassa admite que hace falta "revisar" la política de protección a menores

Foto: Archivo
E.P.


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La Generalitat gestionó en 2015 un total de 11,17 millones de euros de pensiones y prestaciones de las que son beneficiarios 2.842 menores que están bajo su tutela, y que destinó a gastos del servicio público que reciben, en cumplimiento de la Ley estatal de los derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia.

La cifra ha descendido por primera vez en los últimos cinco años, con 15.598 euros y 47 beneficiarios menos que en 2014, cuando se llegó a la cifra máxima de 11,19 millones, frente a los 10,7 millones de 2011 –de 2.816 niños y adolescentes–, ha informado en respuesta parlamentaria la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa.

En declaraciones a Europa Press, Bassa ha admitido que es necesario “revisar todo” de la política de los centros asistenciales, porque lleva muchos años y la situación ha cambiado mucho, al ser preguntada por la propuesta del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, de que se entregue a los niños el total del importe al finalizar la situación de desampara o al llegar a la mayoría de edad, como se hacía anteriormente.

La consellera ha explicado que han mantenido conversaciones con el síndic, y ha acotado que no todos los niños cobran pensión, y que los que tienen una mensualidad tienen una parte en dinero de bolsillo, mientras que el resto es para servicios adicionales.

DESIGUALDAD

Ribó criticó esta afectación de las prestaciones –como pensiones de orfandad– por parte de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) por considerarla “contraria al principio de igualdad”, este mes de mayo en sede parlamentaria, y pidió que se derogue la disposición adicional séptima de la Ley 14/2010 que estipula esta gestión de las pensiones.

Durante su comparecencia en la cámara catalana, la adjunta al síndic Maria Jesús Larios criticó que esta medida comporta desigualdad, porque los niños que tienen pensiones contribuyen a cubrir los gastos y los que no tienen no, y supone “una especie de copago” que en realidad no contempla la capacidad económica ni el patrimonio.

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