Lunes, 11 Diciembre, 2017

            

Granada atiende a 1.600 menores en situación de riesgo o desprotección mediante el Programa de Tratamiento a Familias

Mitigar los factores de riesgo, evitar la separación del o la menor de su familia, capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos, son algunas de las acciones

Presentación del balance del Programa de Tratamiento a Familias | Autor: Gabinete
Gabinete


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La Junta ha prestado asistencia en un año a 1.650 menores en situación de riesgo o desprotección en la provincia a través del Programa de Tratamiento a Familias, un plan cuya continuidad ha quedado certificada tras la firma este martes de nueve convenios entre el Gobierno andaluz, Ayuntamiento de Granada, municipios de más de 20.000 habitantes y la Diputación por un importe cercano a los 2,5 millones de euros.

“La finalidad es preservar los derechos de los menores y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación y ayudando a adoptar en cada caso concreto la alternativa más adecuada para ellos”, ha explicado la delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, quien ha afirmado que se trata de atender a familias con menores en riesgo de exclusión, por lo que resulta “clave” el papel de la administración local en la colaboración entre instituciones.

Por su parte, el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higino Almagro, ha destacado que este programa proporciona a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de desprotección que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores. A su juicio, se trata de un programa “emblemático” de los servicios sociales, que proporciona las habilidades y las herramientas necesarias para minimizar los factores de riesgo, con el objetivo de que los menores permanezcan o retornen a su familia de origen.

Durante la firma de los convenios, se ha destacado que este programa persigue alcanzar objetivos tan concretos como mitigar los factores de riesgo, evitar la separación del o la menor de su familia; capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizar la seguridad y la integridad básica de los mismos y lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada. Además, se trabaja para que los y las menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar las situaciones de crisis que dieron lugar a las medidas protectoras.
18 equipos y 750 familias

La Junta destinará entre el 1 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018 casi 2,5 millones de euros para financiar la actividad de los 18 equipos de Tratamiento Familiar que funcionan en Granada, que cuentan con un total de 64 profesionales entre educadores, trabajadores sociales y psicólogos. Unos equipos que atienden cada año en Granada a cerca de 750 familias, principalmente con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los Servicios Sociales Comunitarios.

Entre las finalidades de los profesionales se encuentran las de posibilitar el retorno del menor a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de medidas de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.

La Junta de Andalucía dio rango normativo a este modelo de atención con la publicación del Decreto 494/2015 que regula y gestiona este programa, decreto que modifica el sistema de financiación para hacerlo más estable, sustituyendo el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias y garantizando el respeto a la autonomía local.

Además del modelo de financiación, el decreto aborda de forma específica la problemática de la violencia familiar en los casos en los que hayan intervenido. Igualmente, colabora con los centros de atención a inmigrantes cuando hay menores en situación de riesgo o desprotección familiar a través de protocolos de cooperación.

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