Miércoles, 19 Septiembre, 2018

            

Emucesa acuerda llevar al Juzgado “los contratos fantasma” en el mandato del PP y a ediles que los respaldaron

El informe jurídico concluye que entre 2003 y 2012 se firmaron contratos de alta dirección que beneficiaron a seis personas y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa

Cementerio de Granada | Fuente: ArchivoGD
EP


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El Consejo de Administración de Emucesa, la empresa mixta que gestiona el cementerio de San José, ha acordado este miércoles llevar a los tribunales la supuesta contratación de personas afines al PP en esta entidad durante el mandato de este partido en el Ayuntamiento de Granada, después de que el informe jurídico encargado al efecto haya apuntado que de cinco de ellas no consta actividad laboral alguna.

Concretamente, el acuerdo al que se ha llegado este miércoles ha sido presentar una denuncia por la vía penal contra los concejales del PP que presuntamente respaldaron esos contratos, todos ellos de alta dirección, en su etapa como consejeros delegados de Emucesa; esto es, el exedil Eduardo del Moral y la todavía concejal del PP María Francés, según han detallado fuentes consultadas por Europa Press.

Junto a ello, el Consejo de Administración de Emucesa llevará a los tribunales a las cinco personas que fueron contratadas sin que, de acuerdo a los últimos informes técnicos y jurídicos que se han elaborado al respecto, acudieran a trabajar a la empresa, que en aquellos momentos era cien por cien pública.

El informe jurídico concluye que entre 2003 y 2012 se firmaron contratos de alta dirección que beneficiaron a seis personas y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y tuviera mesa de trabajo allí. Del resto, se expone que no se conoce ningún trabajo realizado ni que hayan asistido a la sede de Emucesa.

Ya a finales del pasado año, cuando trascendió el asunto, el Ayuntamiento de Granada, ahora gobernado por el PSOE, anunció una auditoría sobre todos los contratos realizados por la entidad durante el gobierno del PP, por si pudieran derivarse efectos penales, y puso sobre la mesa la idoneidad de valorar también el “perjuicio” económico que estas contrataciones, realizadas cuando la compañía aún era pública, pudieron suponer, y sus efectos en la decisión del PP de “vender la mitad de la empresa”.


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