Martes, 19 Septiembre, 2017

            

El PSOE-A no piensa en empleo público cuando se habla de quitar “gasto superfluo”

Presupuestos para 2014

E.P.


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El PSOE-A ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz no está pensando en el empleo público cuando se refiere a quitar “gasto superfluo” del presupuesto de la comunidad para 2014.

En rueda de prensa, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha manifestado que la voluntad del Gobierno andaluz es mantener en la medida de lo posible y maximizar “el mantenimiento de los empleados públicos”, a los que no se van a pedir nuevos esfuerzos.

Ha insistido en que los presupuestos andaluces para el próximo año se están configurando con la perspectiva de mantener, en la medida de lo posible, el empleo público, detrás del cual están los servicios públicos esenciales.

Ha indicado que, sin duda, la elaboración de un presupuesto es siempre compleja y ha destacado que los dos partidos del Gobierno andaluz, PSOE-A e IULV-CA, están manteniendo un diálogo intenso, leal, fructífero y que va a permitir que la comunidad tenga unas cuentas que sean una alternativa clarísima frente a las políticas de la derecha para hacer frente a la crisis.

Según Mario Jiménez, es especialmente complicado configurar el presupuesto andaluz cuando el Gobierno de la Nación niega a esta comunidad los recursos que le corresponden y la obliga a acometer un recorte de 1.200 millones de euros.

Ha agregado que el Gobierno de España está conformando una nueva deuda histórica con Andalucía, por cuanto los Presupuestos Generales del estado para 2014 no cumplen con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía (inversión en la comunidad en función de su peso poblacional) ni contemplan los 1.504 millones de euros que se adeudan por la liquidación de los años 2008 y 2009 y que fueron certificados por la Intervención General del Estado.

Ha anunciado un importante paquete de enmiendas desde el PSOE-A a los PGE de 2014 y ha defendido la enmienda a la totalidad que defenderá el partido en las Cortes Generales, por cuanto esos presupuestos son un “factor de multiplicación de la crisis, son una máquina de destrucción de empleo, trituran el estado del bienestar y se han hecho al margen de la Constitución”.

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