Domingo, 22 Octubre, 2017

            

El PSOE exige a Sebastián Pérez que aclare por qué renunció a posibles acciones penales contra 2 empleados de Visogsa investigados por estafa y falsedad

Los socialistas piden explicaciones al presidente de la institución por readmitir a uno de los empleados y pagar presuntamente a otro a pesar de los indicios de delito señalados por la Fiscalía

Foto: Gabinete


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El grupo socialista de la Diputación ha exigido hoy al presidente de la institución, Sebastián Pérez, que aclare por qué renunció a emprender acciones penales contra dos trabajadores de la empresa pública de Vivienda y Suelo, Visogsa, a pesar de los indicios sólidos señalados por la Fiscalía de la presunta comisión de delitos de estafa y de falsedad en documento mercantil.

En un auto de enero de 2013, la Fiscalía Provincial de Granada aseguraba que “teniendo en cuenta el resultado de las diligencias de investigación practicadas, interesa que las presentes diligencias previas continúen por los trámites del procedimiento abreviado” por la supuesta comisión de estos delitos por parte de estas personas.

Según han denunciado este martes los diputados provinciales del PSOE y consejeros de la empresa pública Manuel Gómez Vidal y Fátima Gómez, el presidente de la Diputación optó, no sólo por renunciar a acciones judiciales, sino que además readmitió a uno de los trabajadores y pagó a otro un importe económico, que se desconoce, por unas supuestas facturas.

Los consejeros socialistas han urgido al presidente de la corporación a que convoque un consejo de administración urgente y extraordinario de Visogsa para aclarar por qué el PP forzó la paralización de posibles procesos judiciales y premió además a los acusados.

Según ha explicado Fátima Gómez, ambos empleados fueron despedidos hace seis años de forma procedente, según resolvió un juzgado en primera instancia y, más tarde, el TSJA. Sin embargo, tras la llegada del Partido Popular al gobierno de la corporación, Sebastián Pérez ordenó la reincorporación a Visogsa de uno de los trabajadores, según esgrimió, “por cuestiones morales”. “Sebastián Pérez tiene que explicar qué cuestiones morales llevan a un presidente de la Diputación a reincorporar en una empresa pública a una persona condenada por despido procedente y disciplinario”, ha indicado Gómez.

Más tarde, en enero de 2013, ha asegurado la representante socialista, mientras una resolución de la Fiscalía ordenaba continuar investigando a ambos empleados por supuesta estafa y falsedad, el gerente de Visogsa firmó un acuerdo con uno de los trabajadores para abonarle una cantidad de dinero a través de un cheque por “no sabemos qué trabajos”.

“El PP ha de explicar por qué renunció a las acciones penales cuando la Fiscalía abogaba por investigar y llegar al fondo de la cuestión, por qué reincorporó a uno de los trabajadores y por qué acordó de manera unilateral pagar al otro trabajador”, ha indicado Gómez, quien ha urgido a Pérez a que aclare cuánto ha pagado a este último y por qué.

La diputada provincial del PSOE ha denunciado el uso que el PP hace de la empresa pública, “con dinero público”, y ha criticado la total falta de transparencia en las decisiones que adopta el PP, sin pasar por el Consejo de Administración y de espaldas al resto de consejeros.

Por su parte, Manuel Gómez Vidal ha lamentado que el PP trate como “convidados de piedra” a los consejeros socialistas, a pesar de ser directivos de esta empresa pública.

Tras tachar de lamentable este episodio, ha calificado de “república bananera y de un monumento al disparate” la gestión del PP en Visogsa. “El PP ha hecho de Visogsa un puro histrión que representa el antimodelo de la gestión y de la defensa de los intereses públicos”, ha añadido.

A su juicio, la compañía representa hoy “un agujero negro, que todo se lo come”, y ha avanzado que actuaciones como ésta acabarán provocando la quiebra de la sociedad.

Los consejeros socialistas han anunciado que cumplirán con sus obligaciones y reclamarán su derecho a la información y a la rendición de cuentas sobre decisiones “que van en contra de Visogsa y son presuntamente ilegales”.

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