Viernes, 21 Julio, 2017

            

El PP denuncia que las políticas de formación para el empleo están “totalmente paralizadas”

De los 113 cursos previstos para el año 2013 en Granada solo se ha convocado 1, según los populares

Gabinete


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El Partido Popular ha denunciado que la Junta de Andalucía tiene “totalmente paralizadas” las políticas de formación profesional para el empleo en la provincia de Granada ya que de los 113 cursos previstos para el año 2013 solo se ha convocado 1, y 9 en toda la comunidad autónoma de los 1.593 planteados inicialmente.

La parlamentaria del PP, Marifrán Carazo, ha informado de que en el año 2012 se dejaron de impartir el 70 por ciento de los cursos destinados a los desempleados en Granada y Andalucía y ha apuntado que la Junta adeuda más de 15 millones de euros a las empresas encargadas de desarrollar estos cursos en la provincia, muchos de ellos correspondientes al ejercicio presupuestario 2007-2008; una deuda que asciende a 100 millones de euros en toda la Comunidad Autónoma.

Carazo ha recordado que empresarios y trabajadores de esas empresas se ha encerrado recientemente en la delegación de Empleo de la Junta de Andalucía “puesto que la deuda del Ejecutivo Andaluz pone en riesgo la viabilidad de 300 empresas granadina de formación y centenares de puestos de trabajo”.

La parlamentaria del PP ha censurado que durante el año 2013 no se haya ejecutado ni un solo euro en estos cursos pese a que la mayoría de las transferencias provienen del Estado y de los Fondos de la Unión Europea y a que las políticas activas de empleo son competencia exclusiva del Gobierno andaluz. “¿Dónde está el dinero de los más de 100.000 granadinos que están en paro y que no han podido acceder a estos cursos para mejorar sus condiciones de acceso al mundo laboral?”, se ha preguntado Marifrán Carazo.

Por otro lado, Carazo ha destacado que la deuda de la Junta de Andalucía con los 21 Centros Especiales de Granada para mejorar el acceso al mundo laboral de los discapacitados asciende a 499.679 euros en concepto de subvenciones concedidas en 2012 y 2013. Carazo ha desvelado los ”retrasos continuos en los pago que dificultan el mantenimiento y la continuidad en los mismos tanto de los profesionales como de los discapacitados de nuestra provincia”•. El Partido Popular va a reclamar que se haga efectiva la deuda del Ejecutivo andaluz mediante un calendario de pagos debido a que “se está poniendo en riesgo el funcionamiento de estos centros especiales de empleo, que como en tantos otros casos, sólo están funcionando gracias a que los ayuntamientos, empresas y entidades están adelantando los pagos a los trabajadores”.

Por otro lado Marifrán Carazo también se ha referido a los catorce Consorcios para el Empleo de la Comunidad Autónoma, cuyos trabajadores se concentraron el pasado jueves en la puerta del parlamento de Andalucía denunciando los impagos y los retrasos en las nóminas de hasta nueve meses en algunos casos. En relación a uno de ellos, el consorcio Albaicín, que forma a personas en el mundo de la artesanía y que está cofinanciado con el fondo social europeo, la parlamentaria popular ha denunciado que “ni siquiera tiene prevista fecha de inicio para el curso 2013-2014”. Por todo esto, Carazo ha registrado una pregunta en el Parlamento exigiendo a la Junta que diga con exactitud el total de la deuda contraída con el consorcio Albaicín.

Finalmente el Partido Popular ha subrayado que entre 2010 y 2012 el Estado destinó más de 700 millones de euros de transferencias finalista para formación e inserción laboral de parados en Andalucía; sin embargo, en el año 2013 no se ha ejecutado ni un solo euro para estos cursos para desempleados pese a recibir transferencias del Estado y de la Unión Europea. Carazo ha señalado que todos estos impagos y la no ejecución de la partida presupuestaria de las políticas activas de empleo y especialmente de los cursos de Formación Profesional para el Empleo perjudican gravemente a los más de 100.000 parados granadinos.

Por ello, “el Partido Popular va a exigir al Gobierno bipartito el pago a las empresas y a los centros que imparten y ponen en marcha la oferta formativa para mejorar la accesibilidad al mundo laboral y la creación de puestos de trabajo”, ha concluido Carazo.

 

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