Viernes, 24 Marzo, 2017

El Juez imputa a tres cargos de la Junta, entre ellos a Sandra García, por los vertidos de la prisión de Albolote

El caso, que fue denunciado por una particular en marzo de 2010, señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal



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El Juzgado de Instrucción 6 de Granada ha imputado a la actual delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, a la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria, y al exdelegado de Medio Ambiente y actual parlamentario andaluz Francisco Javier Aragón por su presunta implicación en el caso de los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial de Granada, situada en Albolote (Granada), a una finca cercana.

El caso, en el que están también imputados, entre otros, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado “graves y reiterados daños” en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.

El magistrado Miguel Ángel del Arco, en una nueva providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, cita a declarar como imputada de los posibles delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente a García –también exdelegada de Medio Ambiente– para el 27 de mayo, a las 10,30 horas, a Oria, el día siguiente, día 28, a las 10,30 horas, y con respecto a Aragón, que fue delegado de Medio Ambiente entre 2008 y 2012, recuerda que es aforado y por tanto acuerda emitir una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA “a los efectos oportunos”.

En el documento, de fecha 15 de abril, el Juzgado señala que cuando menos desde enero del año 2009, en que se asumieron por la Junta de Andalucía las competencias en materia de Aguas y se creó la Agencia Andaluza del Agua, los responsables de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada tenían conocimiento de la situación creada por los vertidos de la prisión provincial de Albolote, “y tenían por tanto un deber cualificado de actuar en la adopción de medidas de control, inspección e incluso sancionatorias, al margen o de forma concurrente con el respectivo organismo de cuenca estatal, competente en materia de aguas y de vertidos a los cauces”.

El juez incide además que, como delegados de la Consejería de Medio Ambiente “tenían el previo conocimiento de las múltiples infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011 contra los responsables del Centro penitenciario de Albolote y contra los responsables de la propia Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta, acaecidas en el tiempo en que fueron competentes en materia de control de las aguas, a través de la Agencia Andaluza del agua”.

Como consecuencia de ello, “tenían entre 2012 y 2015, y siguen teniendo, el deber de controlar la situación medioambiental en el suelo, el subsuelo y las aguas de la zona de Albolote y Colomera, y de instar ante el Organismo de cuenca (CHG) la iniciación de expedientes sancionadores, o de iniciarlos ellos mismos en ejercicio de sus propias competencias”.

De hecho, considera Del Arco que, como delegados, no han cumplido diversas normas autonómicas, y que, por ejemplo, con su “anuencia”, se ha “prescindido totalmente de la necesaria fase de información pública de la reforma y construcción de la nueva EDAR –la depuradora de la prisión–, a la que tienen derecho todos los ciudadanos”.

Con respecto a la actual delegada de Medio Ambiente, el juez advierte de que “era y es perfectamente conocedora de la situación de los daños por contaminación procedentes de la prisión del Albolote, agravada incluso por las múltiples informaciones periodísticas aparecidas entre 2014 y 2015 en los medios de comunicación provinciales y regionales, sin que se haya acometido ningún tipo de actuación correctora o sancionadora por su parte, a pesar de tener competencias para ello, concurrentes con las estatales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

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