El grupo ‘Stop Represión 15M Granada’ presenta una demanda a fiscalía por las multas por identificación visual

Esta plataforma cree que “hay una aplicación con intencionalidad política de la ley en la que no se toma de la misma manera las diferentes formas de utilizar el espacio público”

Plataforma represión 15M
Miembro del grupo ‘Stop Represión 15M Granada’
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El ‘grupo Stop Represión del 15M Granada’ se ha reunido esta mañana en Los juzgados de La Caleta para “presentar una demanda a fiscalía por el tema de las multas por identificación visual y denunciar la existencia de unas listas negras policiales”.

Gabriel Octavio, miembro de la plataforma ‘el grupo Stop Represión del 15M Granada’ ha informado que “la represión está aumentado a nivel exponencial, se están repartiendo los años de cárcel como si fueran caramelos y llevamos unos años que la represión se está llevando de una manera más invisible e individual a través de las sanciones económicas”.

Octavio también ha expuesto que “en Granada el nivel de multas es muy alto y se cuenta ahora con 160 multas de las cuales 110 son por identificación visual, lo que asciende a más de 50.000€ en multas que están gestionando colectivamente”.

El miembro del grupo de protesta se quejó de que “todas estas multas llegan a la mayoría de ellos sin tener antecedentes, por lo que no se explican cómo pueden llegar sin que la policía haya pedido la identificación en ningún momento”.

Octavio además declaró que desde el grupo de protesta “solicitaron en su  momento el informe ‘PERPOL’, que son los datos con los que la policía cuenta de ellos, pero cuando se solicitó este informe, el 99% de las personas multados fueron declaradas de no interés policial”.

Gabriel Octavio, en esta línea, argumentó que “junto a esto y que muchas de las personas que han sido multadas han podido demostrar en los contenciosos que ni si quiera estaban en Granada en el día que fueron sancionados, la nueva reforma del código penal, la nueva ley de seguridad ciudadana y la ley de tasas, creemos que se está llevando a cabo una estrategia de criminalización de los movimientos sociales y a todo tipo de protesta”.

Así, Octavio sentenció con que “hay una aplicación con intencionalidad política de la ley en la que no se toma de la misma manera las diferentes formas de utilizar el espacio público”.







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