Sábado, 16 Diciembre, 2017

            

El Arzobispado afirma que mantiene su colaboración con la justicia en el ‘caso Romanones’

La defensa ve "desproporcionada" la petición al Arzobispado de toda la documentación de 'Romanones'

Obispo de Granada en la Catedral


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El Arzobispado de Granada ha asegurado este martes que sigue manteniendo su “colaboración” con la justicia en el llamado ‘caso Romanones’, sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, y que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que le ha reclamado que aporte “toda la documentación” de la que dispone de los presuntamente implicados.

Fuentes de la Diócesis han señalado a Europa Press que, sin entrar a valorar en la última resolución del juez, se remiten a otros pronunciamientos anteriores de este asunto, de respeto a las decisiones de la justicia, de colaboración y de “tolerancia cero” a los abusos sexuales y a quienes los cometen.

Su respuesta se produce después de que el magistrado Antonio Moreno, señalara en una providencia del 7 de mayo, que el Arzobispado de Granada ha omitido en la información facilitada hasta ahora “las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico”, y que “necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión” de los acusados, conminándole a que entregue todo de lo que dispone.

Esta última resolución, se produce después de otra providencia de finales de marzo en la que el juez daba un plazo de diez días a la Diócesis para que le aportase los datos reclamados, tras aceptar la petición de la acusación particular –que representa al primer denunciante, un joven de 24 años que trasladó su caso al Papa Francisco–.

Concretamente, el titular del Juzgado solicitó el 1 de marzo al Arzobispado que informase si los diez sacerdotes –imputados inicialmente junto a otros dos seglares– han solicitado a la Diócesis el reconocimiento eclesiástico de la asociación o fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles “que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años” y, en su caso, si le constan “quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de dicha asociación o fraternidad de facto”.

Por otra parte, también pidió que informase sobre las contribuciones, donaciones o aportaciones económicas que hubieran podido realizar tanto la asociación de hecho compuesta por los sacerdotes como cualquiera de ellos, por sí o en nombre de terceros, al Arzobispado de Granada o a cualquier entidad o persona dependiente del mismo”, y también que aclarase las reuniones mantenidas por el arzobispo, Francisco Javier Martínez, con los integrantes de este grupo.

El juez libró también oficio a la Conferencia Episcopal para que le remitiese copia del protocolo reservado de actuación sobre la forma de proceder en relación a abusos sexuales, aprobado por la asamblea plenaria de esa conferencia en 2010, “para que informe si dicho protocolo es de obligado cumplimiento en todas las diócesis españolas y si se halla en vigor en la actualidad”, lo que la institución ya ha hecho.

El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C. dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas. Sin embargo, el pasado 14 de febrero el titular del juzgado declaró prescritos todos los delitos salvo los atribuidos al principal acusado, el padre Román, si bien las acusaciones particular y popular presentaron un recurso contra esa decisión que finalmente verá la Audiencia de Granada el próximo día 15 de septiembre.

Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ‘ipso facto’ denuncia contra todos los implicados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que “la verdad es la verdad” y “no debe esconderse”. El ‘caso Romanones’ también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los “escándalos” que afectaban entonces a la Iglesia.

LA DEFENSA VE “DESPROPORCIONADA” LA PETICIÓN AL ARZOBISPADO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE ‘ROMANONES’

El abogado del padre Román M.V.C., principal acusado en el llamado ‘caso Romanones’ sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes de Granada, ha considerado “desproporcionada” la última petición del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que ha conminado al Arzobispado de Granada a remitirle toda la documentación de la que dispone sobre los supuestos implicados.

En declaraciones a Europa Press, el letrado Javier Muriel ha señalado además que esta última solicitud, realizada mediante una reciente providencia, demuestra que “hay una absoluta falta de pruebas”, si “la jurisdicción penal no es capaz por sí misma” de disponer de toda la información al respecto.

Asimismo, ha señalado que ésta es la primera vez en la historia judicial española que se reclama información “que está bajo secreto pontificio” y ha incidido en que el acuerdo de la Conferencia Episcopal sobre abusos sexuales a menores no es “jurídicamente vinculante”, algo que el magistrado instructor del caso, Antonio Moreno, “ya sabe”. “A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”, ha mantenido el abogado.

Su respuesta se produce después de que el juez señalara en una providencia del 7 de mayo, que el Arzobispado de Granada ha omitido en la información facilitada hasta ahora “las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico”, y que “necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión” de los acusados, conminándole a que entregue todo de lo que dispone.

Esta última resolución se produce después de otra providencia de finales de marzo en la que el juez daba un plazo de diez días a la Diócesis para que le aportase los datos reclamados, tras aceptar la petición de la acusación particular –que representa al primer denunciante, un joven de 24 años que trasladó su caso al Papa Francisco–.

Concretamente, el titular del Juzgado solicitó el 1 de marzo al Arzobispado que informase si los diez sacerdotes –imputados inicialmente junto a otros dos seglares– han solicitado a la Diócesis el reconocimiento eclesiástico de la asociación o fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles “que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años” y, en su caso, si le constan “quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de dicha asociación o fraternidad de facto”.

Por otra parte, también pidió que informase sobre las contribuciones, donaciones o aportaciones económicas que hubieran podido realizar tanto la asociación de hecho compuesta por los sacerdotes como cualquiera de ellos, por sí o en nombre de terceros, al Arzobispado de Granada o a cualquier entidad o persona dependiente del mismo”, y también que aclarase las reuniones mantenidas por el arzobispo, Francisco Javier Martínez, con los integrantes de este grupo.

El juez libró también oficio a la Conferencia Episcopal para que le remitiese copia del protocolo reservado de actuación sobre la forma de proceder en relación a abusos sexuales, aprobado por la asamblea plenaria de esa conferencia en 2010, “para que informe si dicho protocolo es de obligado cumplimiento en todas las diócesis españolas y si se halla en vigor en la actualidad”, lo que la institución ya ha hecho.

El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C. dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas. Sin embargo, el pasado 14 de febrero el titular del juzgado declaró prescritos todos los delitos salvo los atribuidos al principal acusado, el padre Román, si bien las acusaciones particular y popular presentaron un recurso contra esa decisión que finalmente verá la Audiencia de Granada el próximo día 15 de septiembre.

Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ‘ipso facto’ denuncia contra todos los implicados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que “la verdad es la verdad” y “no debe esconderse”. El ‘caso Romanones’ también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los “escándalos” que afectaban entonces a la Iglesia.

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