Viernes, 20 Octubre, 2017

            

Diputación solicitará a la Junta que flexibilice las restricciones que impone a la Alpujarra como Bien de Interés Cultural

Va al pleno también el aplazamiento del pago de la deuda de 50 millones de euros que legó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y la puesta en marcha de los servicios provinciales de recogida de residuos y del ciclo integral del agua



image_print

El portavoz del equipo de Gobierno provincial, José Torrente, ha dado cuenta de los asuntos del pleno que la Corporación celebra hoy entre los que destaca la moción del equipo de Gobierno para solicitar a la Junta de Andalucía que flexibilice las obligaciones impuestas a los ayuntamientos de los municipios afectados por el Bien de Interés Cultural Sitio Histórico de la Alpujarra Media Granadina y La Tahá.

Las “presuntas dificultades” que el PSOE ha encontrado en el proceso para la declaración de la Alpujarra como Patrimonio Mundial por la Unesco “ya existen hoy”, ha indicado José Torrente en relación a esta figura que administra la Junta de Andalucía. El portavoz ha añadido que en la “necesidad de escuchar al pueblo, que empiece por ella misma” con la flexibilización de las condiciones que afectan al BIC de esta zona de la Alpujarra.

“Ya hay restricciones gravísimas de la Junta de Andalucía que obliga a trámites de dilación temporal intolerable” con tardanzas “interminables” para “cualquier permiso por pequeño que sea” incluso en pequeñas obras, ha explicado Torrente en referencia a los criterios establecidos en el Decreto 123/2007 de 17 de abril.

El objetivo de la Diputación es solicitar a las consejerías competentes en materia de patrimonio histórico, sin perjudicar el BIC, a que se articulen las medidas necesarias que permitan la flexibilización de las obligaciones impuestas a los vecinos. Se trata de disminuir las cargas administrativas y de ejecución de forma que la protección “no suponga un lastre para el desarrollo económico sostenible de la comarca”, ha aseverado el portavoz.

Este acuerdo no trata de introducir criterios que contradigan o alteren sustancialmente el documento de criterios de protección sino que lo que pretende es buscar una forma de consenso entre la Consejería de Cultura, los propietarios y ayuntamientos afectados para actualizar “determinadas cuestiones puntuales que, a nuestro modo de ver y al de ayuntamientos de todos los colores políticos, han quedado alejadas de los objetivos reales” de protección, ha añadido Torrente en referencia a estas “condiciones y limitaciones que ya existen hoy mismo sin que haya ninguna declaración de Patrimonio Mundial por la Unesco”.

Antes al contrario, dicha declaración habría facilitado el desbloqueo burocrático de estas “restricciones que hace la propia Junta de Andalucía”.

También se aprobará mañana la solicitud del pleno al Gobierno para la ampliación de plazo para poder devolver en veinte años los cincuenta millones de euros de más que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, “con tributos que no contemplaron la crisis”, ingresó a la Institución en 2008 y 2009. Esta ampliación es posible gracias al equilibro presupuestario logrado en este mandato, el cumplimiento de la regla de gasto y el pago en plazo a los proveedores.

El pleno aprobará la puesta en marca de los servicios provinciales de recogida de residuos sólidos urbanos o municipales, que se integrará dentro del servicio de tratamiento de residuos de la Diputación, y del ciclo integral del agua de uso urbano. A través de la economía de escala se busca que los municipios, mediante una gestión coordinada con la Institución Provincial, puedan reducir costes. El objetivo es “hacer que los servicios municipales obligatorios, si no rentables, no sean deficitarios”.

En el caso de las infraestructuras hídricas, y según las conclusiones de los estudios realizados, solo el diez por ciento de los municipios tienen concesión de agua para el abastecimiento por lo que no pueden aprobar sus planes generales de ordenación urbana. “Eso no puede seguir así”, ha resaltado Torrente que ha hecho referencia también al bajo rendimiento técnico de la red de abastecimiento con una media del 32,7 por ciento debido a fugas y acometidas ilegales derivadas de un mal estado de las redes.

Falta, en general, mantenimiento preventivo y especialización técnica y operativa lo cual se suma a la carencia en infraestructuras de depuración y unas instalaciones poco eficientes energéticamente. La Diputación contribuirá, con el nuevo servicio provincial, a que los municipios tengan a su disposición un instrumento que reduzca el déficit en esta materia debido al desequilibrio entre costes e ingresos evaluado en más de 3 millones de euros (23 euros habitante/año).

Por último, una moción del equipo de Gobierno propondrá que el hospital del Parque Tecnológico de la Salud lleve el nombre del Doctor Olóriz recogiendo la petición de una carta de la Comisión del Año Olóriz en la que se hace eco “del propio colectivo de profesionales que se inclina por que el nuevo hospital lleve su nombre”.

“Fue un referente y lo sigue siendo” en el mundo de la salud y la ciencia, ha destacado Torrente. Federico Olóriz, Hijo Predilecto de la Provincia, desarrollo su labor clínica y docente desde la Cátedra de Anatomía Humana de la Universidad Central y fue pionero de las disciplinas de la Antropología Física y Social.

El método Olóriz, además, es la base del sistema dactiloscópico español que cien años después la policía científica de muchos países continúa utilizando como herramienta para la identificación humana a través del análisis de huellas dactilares.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *