Lunes, 16 Julio, 2018

            

A juicio catorce acusados de supuesta estafa a Empleo y la Seguridad Social

La Fiscalía ha pedido para el supuesto cabecilla una pena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 3.000 euros

Audiencia Provincial de Granada | Fuente: ArchivoGD
EP


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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzga desde hoy a un total de 14 acusados para los que la Fiscalía ha pedido penas de entre un año y medio y cinco años de prisión por ponerse supuestamente de acuerdo para “obtener un beneficio patrimonial ilícito defraudando al Servicio Público de Empleo Estatal” y eventualmente a la Seguridad Social.

Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, estas empresas tenían una actividad económica que era “nula o a todas luces insuficiente para cumplir su objeto social y servir de base, consecuentemente, para la obtención de las prestaciones”.

Los acusados tenían relaciones familiares entre ellos al estar casados, ser hermanos o padres e hijos, pidiendo el Ministerio Público para el supuesto cabecilla, un hombre de 69 años, una pena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 3.000 euros por la presunta comisión de delitos continuados de falsedad en documento oficial cometida por particular, y de estafa agravada.

En la mayoría de las empresas, el trabajador contratado se dedicó a funciones administrativas, sin que constara la existencia de otros trabajadores “que realizaran cometidos que tuvieran que ver con la actividad económica de la empresa”. Recibían, según la Fiscalía, “prestaciones por desempleo una vez terminada su relación laboral” o por baja.

Tenían domicilios en ciudades “distintas y distantes” de las de las sedes de las empresas, que fueron constituidas la mayoría en la década pasada en ciudades de la provincia como Granada y Motril, y también en Almería y Galicia.

Ninguna de ellas tenía la autorización que habilita para la realización de trámites con la Tesorería de la Seguridad Social y en la mayoría de los casos no consta el pago del impuesto de sociedades. Las que declararon sus movimientos reflejaban una actividad “tan escasa que es difícilmente conciliable con la propia supervivencia de la empresa”.

 

El Ministerio Público estima que el beneficio obtenido por este fraude puede rondar los 100.000 euros y atribuye a los acusados varios delitos de falsedad en documento oficial, estafa y fraude de prestaciones en la Seguridad Social por los que pide penas de entre un año y medio y cinco años de prisión; así como multas de hasta 3.000 euros.

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