Miércoles, 17 de Octubre de 2018

            

Un hombre en Granada se enfrenta a un año de cárcel por matar a un perro

La acusación particular eleva la petición a 18 meses de prisión, prohibición de tenencia de armas durante tres años y otros tres sin estar en contacto con animales

Imagen ilustrativa | Archivo GD
EP


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El Juzgado de lo Penal 2 de Granada acoge este lunes el juicio contra un hombre acusado de matar de un tiro a un perro en Monachil (Granada), hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de un año de prisión y la prohibición de tener animales durante otros tres años.

Los hechos se remontan al 14 de febrero del año pasado, cuando el dueño del can, de raza Border Collie, denunció su desaparición en Monachil. La instrucción llevada a cabo determinó que el acusado, A.F.G., efectuó un disparo con una escopeta de su propiedad causando la muerte al animal, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Se le acusa de un delito de maltrato animal previsto en el artículo 337.3 del Código Penal, por el que la Fiscalía también pide que el acusado abone al dueño los 270 euros en los que está valorado el perro en concepto de responsabilidad civil y que sea inhabilitado durante tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia.

La acusación particular, que ejerce el dueño del perro, eleva la petición a 18 meses de prisión, prohibición de tenencia de armas durante tres años y otros tres sin estar en contacto con animales.

En concepto de responsabilidad civil, solicita el pago de 600 euros por el valor del can y de otros 3.500 euros por los daños morales sufrido ante la pérdida de su mascota.

La letrada de la acusación particular, María Josefa León García, sostiene que en este caso su cliente, R.M.R., no sólo perdió a un perro, “perdió a su fiel compañero y es por ello por lo que éste no ha dudado en ejercitar las acciones legales necesarias para que esta conducta no quede impune”.

La petición de indemnización por daños morales, que en este caso no pide el Ministerio Fiscal, es una lucha de los abogados especialistas en maltrato animal para intentar que “no sólo sean tenidos en cuenta como cosas, sino como seres que sienten”.

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