Domingo, 28 Mayo, 2017

La Junta desoye la iniciativa granadina para crear una oficina de información sobre desahucios

Tras nueve meses desde que le hicieran llegar al consejero de Justicia la propuesta de crear este servicio de información al desahuciado, los funcionarios granadinos responsables de la propuesta volvieron a registrar ayer su iniciativa en la delegación de la Junta | La "pasividad" del consejero de Justicia contrasta con la voluntad de estos trabajadores públicos para sacar la oficina adelante, a la que se dedican voluntariamente.

Los promotores de la iniciativa entregan documentación en la sede de la Junta en Granada | F.W. Alanzor


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“Como sociedad y como servicio público aún más, nos encontramos obligados a encontrar caminos que puedan aliviar la dureza de una actuación tan grave”. Quienes así se expresan son varios funcionarios granadinos de la administración de Justicia, quienes por actuación grave se refieren a los desahucios cotidianos que ejecutan en Andalucía -45 diarios-. De ellos surgió hace ahora poco más de nueve meses la idea de crear un servicio de información al ciudadano que asesore en materia de desahucios y procedimientos hipotecarios. Y aunque aseguran que fue el 19 de febrero de este año cuando le trasladaron la propuesta al consejero de Justicia, Emilio de Llera, todavía no han recibido respuesta alguna para una iniciativa que ya ha recibido el respaldo del Parlamento Andaluz y del propio Pleno del Ayuntamiento de Granada.

¿QUÉ PROPONEN?

La iniciativa, que volvieron a presentar ayer los funcionarios granadinos, defiende la necesidad de establecer un protocolo de actuación interdisciplinar en el que las personas que se encuentran inmersas en un proceso de desahucio “sean desalojadas bajo unas condiciones que garanticen y prioricen la dignidad de las mismas”, esta idea, que se encuentra en el texto remitido al consejero de Justicia, es la que explica Miguel Esteban, uno de los trabajadores públicos. Esteban, junto con sus compañeros, critica la actitud de la consejería de Justicia y la “pasividad” de Emilio de Llera, quien en sesión parlamentaria aseguró estar “esperando que llegue ese protocolo”; ante tal afirmación, los funcionarios granadinos han vuelto a registrar su propuesta, que supondría establecer un protocolo regularizado de actuación en el que la administración de Justicia serviría de enlace entre las familias envueltas en procesos de desahucio y los servicios sociales de los Ayuntamiento o Diputaciones.

Para reforzar su idea, en el texto remitido a la Junta de Andalucía se asegura que esta medida supondría un “coste ínfimo para la administración de Justicia pues sólo comparte información necesaria” con los afectados por el desahucio y los distintos servicios sociales. Esteban y sus compañeros afirman que con uno o dos funcionarios se podría sacar adelante este servicio, al que tan sólo se le tendrían que dedicar cuatro horas semanales.

Entre las bondades del sistema propuesto, los funcionarios afirman que aumentaría la coordinación entre administraciones y se haría más ágil la llegada de información al ciudadano, lo que ayudaría a descongestionar la oficina judicial.

LA EXPERIENCIA PILOTO DE GRANADA

Miguel Esteban explica que esta propuesta ya ha echado a rodar en Granada capital, en donde él y otros funcionarios de Justicia le dedican tiempo de manera voluntaria a informar tanto a las familias que pueden llegar a ser desahuciadas como a los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada, con los que colaboran de manera estrecha. “Hay veces que nos tenemos que reunir en los pasillos o en un bar, porque no tenemos un espacio físico designado”, comenta Esteban, quien remacha: “tenemos una sensibilidad y pensamos que a las familias hay que ayudarlas”. Junto con estos funcionarios se ha posicionado también el juez decano de Granada y hasta la misma directora general de Justicia, por lo que desde este grupo de funcionarios no se entiende la posición del consejero.

Por el momento, este protocolo ya ha conseguido solucionar el problema de 30 familias granadinas “que se hubieran quedado en la calle ante la orden de desahucio judicial”. Ahora la lucha de estos funcionarios se centra en institucionalizar esta oficina de información y hacerla extensible al resto de las provincias de Andalucía, un objetivo en el que se han topado, denuncian, con la apatía del consejero.

REGULARIZAR EL SERVICIO 

“No hay voluntad política por parte de la Junta de Andalucía”, así de rotundo se muestra Miguel Esteban, que junto con el resto de funcionarios responsables de la propuesta, se quejan de que en su propia consejería, en la que ellos ejercen como profesionales, no encuentran respuesta a su iniciativa, la misma que parlamentarios del Partido Popular y de Izquierda Unida apoyaron en el Parlamento Andaluz. “Desde Justicia, con solo levantar el teléfono, le podemos conseguir a esa misma persona, que acude desesperada, día y hora en todas esas administraciones ante un responsable concreto”.

Así, la experiencia piloto seguirá funcionando en Granada aunque sus responsables conminan al consejero de Justicia y a la propia presidenta de la Junta de Andalucía a dejarse de palabras y pasar a los hechos con acciones “tan sencillas” como la que estos funcionarios de la capital proponen.

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