Miércoles, 29 Marzo, 2017

El PSOE exige responsabilidades al alcalde de Gójar por favorecer los negocios inmobiliarios de su hermano

El Partido Socialista de Granada pide explicaciones por el posible trato de favor que el regidor y diputado provincial del PP dispensó a una empresa familiar para propiciar un “pelotazo urbanístico” y “obtener beneficios obscenos a costa de las arcas públicas”

Gabinete


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El PSOE de Granada ha exigido esta mañana responsabilidades al alcalde de Gójar y diputado provincial del PP, Francisco Javier Maldonado, por favorecer, supuestamente, los negocios de la empresa inmobiliaria de su hermano, a la que dispensó presuntamente un trato de favor que, según un peritaje judicial, le reportaron un beneficio extra de más de 321.000 euros. El diputado provincial socialista Miguel Ángel Gamarra ha realizado estas afirmaciones tras conocer el informe de la perito judicial sobre los beneficios de la operación para la empresa de la familia del alcalde. Gamarra ha recordado que el regidor de Gójar está acusado de un supuesto delito contra la administración pública, tipificado como tráfico de influencias, por promover la firma del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Gójar y la empresa Promociones Cavifer S.L, que es de su hermano, en perjuicio de las arcas municipales y ocultando   la relación entre el alcalde y su hermano Fernando, uno de los administradores mancomunados de la inmobiliaria.

Los hechos investigados por el juzgado evidencian, según Gamarra, que “el alcalde organizó la emisión de un informe jurídico favorable y creó una ficción urbanística de la manera más burda posible para que la empresa de su hermano obtuviera la gratuidad total de todas las tasas municipales”. También ha recordado que la agrupación local del PSOE de Gójar se personó en la causa tras detectar que el convenio urbanístico que el alcalde firmó con la empresa de su hermano carecía de la más mínima legalidad y, pese a ello, concedió la licencia de obras para construir 17 viviendas y locales comerciales cuando los técnicos municipales habían advertido de la existencia de irregularidades. “El  alcalde desoyó las advertencias de la secretaria municipal y nombró un nuevo secretario habilitado que informó favorablemente el convenio urbanístico, que fue anulado años después por el Consejo Consultivo”, ha indicado Gamarra.

A su juicio, el regidor de Gójar y el máximo responsable del PP de Granada, Sebastián Pérez, que “utiliza fondos públicos para venderse como el rey de la transparencia”, deben explicar los chanchullos que permitieron al alcalde que la empresa de su hermano convirtiera “de la noche a la mañana y por arte de birlibirloque ladrillos en billetes” para obtener “unos beneficios obscenos a costa de esquilmar a las arcas públicas”.

 

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